Presiona EU y enrarece el escenario político- electoral en Durango
Rubén Cárdenas
La presión que ejerce Estados Unidos sobre políticos y funcionarios mexicanos, cada día con mayor intensidad, ya propició un vuelco vertiginoso en la conformación del escenario político-electoral alrededor y también en Durango.
A partir de que el Departamento de Justicia fincó presuntas responsabilidades por delitos relacionados con narcotráfico al gobernador Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, a un senador y siete funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, todos morenistas, el entorno político ha dado un brusco viraje.
Esto ha traído, por supuesto, un impacto directo en suelo sinaloense, pero también contra el Movimiento de Regeneración Nacional, partido al que se ha acusado de cubrir a Rocha Moya, aun cuando la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que “no se protegerá a nadie”.
Así, Rocha Moya se separó del cargo, al igual que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, mientras que dos exfuncionarios estatales se entregaron a la justicia norteamericana y los demás se volvieron “invisibles” hasta hoy.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República avanza en la investigación contra ellos y los demás, en total diez, solicitados en extradición por el gobierno de Donald Trump. Una de las medidas que ya era esperada, hasta tardía, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue la de congelarles las cuentas al gobernador y sus cuatro hijos.
Al reabrirse las investigaciones sobre la presunta narcoelección de Rocha Moya y del asesinato del exdiputado y exrector universitario Héctor Melesio Cuén, el mismo día en que cayó Ismael “el Mayo” Zambada ante autoridades de EU, se vislumbra una conclusión desfavorable para el gobernador, si se le comprueban los graves delitos en su contra.
Claro que el morenismo sufrirá repercusiones desde ahora y no sólo en Sinaloa, sino en todo el territorio nacional, en particular las entidades que tendrán elecciones intermedias en el 2027 y justo cuando la premisa partidista es rechazo total a la corrupción e impulso a los perfiles de trayectoria limpia.
Y no solamente es MORENA, porque el Partido Acción Nacional también experimenta su dosis de desgaste con el caso Chihuahua, donde la gobernadora María Eugenia Campos es señalada de violentar la Ley de Seguridad Nacional, al facilitar la actuación de agentes de la CIA, camuflados como policías chihuahuenses, en asuntos de exclusiva competencia nacional.
La solicitud de desafuero de la gobernadora chihuahuense estaría lista en breve y todo apunta a que deberá enfrentar la justicia más temprano que tarde, lo cual dañaría a su partido en imagen, pero sobre todo en cuanto a la confianza ciudadana en próximos comicios.
O sea, ambos mandatarios estatales difícilmente saldrán librados de los agudos problemas en que se encuentran y no parecen tener escapatoria de las consecuencias de sus acciones, ni ellos ni algunos de sus incondicionales, como ya se está viendo en el gobierno de Sinaloa.
Estos hechos, tanto lo que acontece en Sinaloa como en Chihuahua, vecinos de Durango, seguramente harán que se amplíen y profundicen las supuestas indagatorias que realizan las agencias antidrogas de Estados Unidos en contra de otros mandatarios estatales.
Por lo que hace a Durango, este presunto señalamiento de un columnista nacional hacia el Ejecutivo estatal podría propiciar, de entrada, una oleada de críticas al priismo, peor aún si escala el seguimiento mediático o si acaba siendo oficial el señalamiento, que no ha sido.
De suceder así, la cúpula nacional panista, que se mantenía renuente a conformar la alianza con el PRI en comicios futuros, ahora podría fortalecer su postura de no aliarse con el tricolor, ni siquiera en lo que corresponde al ámbito local, depende de lo que suceda ahora.
Estamos, pues, ante un escenario político-electoral inédito, cambiante y en suspenso hasta hoy. Por lo pronto, lo correspondiente sería que desde el gobierno estatal se fijara postura a tan serio señalamiento mediático en el espectro nacional. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
LOS PRODUCTORES DE cebolla del municipio de San Juan del Río y sus alrededores están sufriendo la pérdida de sus cosechas ante los ridículos precios del mercado y la corrupción de autoridades que los dejan en el desamparo frente al “coyotaje”… RESULTA QUE A estos sufridos campesinos les están pagando el kilogramo de cebolla a uno o dos pesos, mientras que en las tiendas o supermercados lo venden entre 24 y 27 pesos cuando más barato; una diferencia descomunal, pues… EN FORMA POR demás inmisericorde se les está robando el esfuerzo y sus exiguas ganancias. Ya se sabe que “los coyotes” abundan, pero ¿Por qué las autoridades no lo evitan? Este robo a los productores del campo tiene el aval de las autoridades gubernamentales, por donde se vea.
CUENTA EN X: @rubencardenas10
