Al buscar una candidatura, no pocos podrían acabar encarcelados
Rubén Cárdenas
De aplicarse la nueva reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como “Ley antinarcocandidatos”, podría dejar a no pocos aspirantes sin su anhelada candidatura a cargos de elección popular el próximo año y, además, con la posibilidad de enfrentar la cárcel, depende de lo que arroje la investigación a que serían sometidos.
Avalada tanto por la mayoría en la Cámara de Diputados como por la del Senado y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, esta reforma sería -presuntamente- el antídoto para dejar fuera de las candidaturas a quien se le comprueben conexiones con los grupos generadores de violencia.
Esto aplica para aspirantes a gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas, indistintamente del partido político que los postule, comenzando con la elección del 2027 y las sucesivas.
La reforma, propuesta por la presidencia de la República, contempla la creación de una Comisión Verificadora en el Instituto Nacional Electoral, integrada por tres consejeros electorales, que se encargará de evaluar las listas de prospectos de partidos, así como a los candidatos independientes.
Tal Comisión Verificadora colaborará en tiempo real con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son las directamente encargadas de verificar la información de cada perfil.
El segundo paso contempla una investigación a fondo por parte de las autoridades para, en su caso, conformar las carpetas respectivas y que el Ministerio Público les de seguimiento; con este procedimiento, podría suceder que alguien con pretensiones de ocupar un cargo, en lugar de conseguirlo, sea indiciado y encarcelado.
La elección del 2027 será una de las más significativas para el país en la última década por la cantidad de cargos que estarán en disputa y por su impacto en la configuración del espectro político nacional. Se elegirán 17 gubernaturas, diputaciones, congresos locales y miles de cargos municipales en esos 17 estados.
Sin duda, esta ley nace, en gran parte, por la presión ejercida desde Washington para extraditar a Rubén Rocha Mocha, gobernador de Sinaloa con licencia, junto con nueve de sus cercanos, así como del escándalo por el caso Chihuahua, donde elementos de la CIA habrían realizado actividades ilegales, con la anuencia y complicidad del gobierno estatal.
De entrada, esta ley podría ser factor decisivo para evitar la participación de “narcocandidatos”; sin embargo, también es necesario precisar que en incontables ocasiones la aplicación de la ley es letra muerta o bien, se interpreta y aplica de tal manera, que simplemente queda en un intento por cambiar la ilegalidad y en vez de eso protege la impunidad.
En fin, en cuanto surjan oficialmente los y las aspirantes a gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, comprobaremos si hay o no convicción de limpiar las elecciones a lo largo y ancho del país, algo que debió haberse aplicado desde décadas atrás, antes de tanta intrusión delictiva en cada nivel de gobierno. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
PRÓXIMAMENTE INICIARÁ OPERACIONES en Durango la aerolínea Aerus, que mantiene una alianza estratégica con Viva Aerobús. Se trata de vuelos mañaneros a Monterrey, los martes y los jueves. El costo estimado por pasajero será de 4 mil pesos, toda vez que se utilizarán aeronaves tipo ejecutivo, de menor capacidad… EN EL CONGRESO del Estado fue clausurado el segundo periodo ordinario de sesiones ayer. Los 25 legisladores tendrán así largos días de relajamiento, aun cuando habrá quienes intensifiquen sus actividades proselitistas en territorio, porque la elección del 2027 se aproxima y querrán estar en esa boleta electoral… UNO DE LOS municipios que sigue resintiendo la disminución en el envío de remesas a Durango es Santiago Papasquiaro y, aunque es difícil calcular el monto de este fenómeno, se nota en las bajas ventas y menor movimiento financiero en la región, según expuso el diputado local panista César Rivas.
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