Jessica Rosales
La cortina de humo de Morena: cuando los pirómanos proponen el cuerpo de bomberos
La mañana de este jueves, en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó una iniciativa para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE.
La propuesta busca detectar posibles vínculos entre aspirantes políticos y el crimen organizado antes de las elecciones de 2027.
El anuncio suena firme, decidido, incluso valiente. Pero cuando se analiza con detenimiento, lo que queda es una iniciativa que, más que resolver el problema, solo aparenta atenderlo sin atacar el fondo del asunto.
Veamos los detalles que la hacen inútil desde su diseño. Los partidos políticos entregarían voluntariamente al INE la lista de personas aspirantes , y la comisión consultaría a instituciones de seguridad e inteligencia para determinar si existe un “riesgo razonable” de nexos con el crimen.
Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura. Voluntario. Sin consecuencias vinculantes. Sin obligación real. Un mecanismo que puede ignorarse con absoluta impunidad. Si un partido decide postular a alguien con señalamientos, simplemente no lo somete al escrutinio. Fin del “filtro”.
Pero el problema de fondo es aún más grave: la premisa que sostiene la iniciativa es falsa. Asume que quien está vinculado al crimen organizado tiene antecedentes en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Fiscalía General de la República o en los archivos de inteligencia del Estado.
La realidad cotidiana desmiente esa suposición con casos concretos y recientes. Al alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, se le acusa de coordinar a sus subordinados para cometer diversos delitos y cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales que pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que le habría financiado su campaña a la presidencia municipal. Antes de ser detenido, Rivera Navarro era un presidente municipal más: activo en redes sociales, inaugurando obras, sin señalamiento alguno en las bases de datos que la nueva comisión pretende consultar.
El caso de Sinaloa es todavía más revelador de la hipocresía institucional que envuelve esta propuesta. El Departamento de Justicia estadounidense ha presentado cargos criminales contra un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, del estado de Sinaloa, y contra un senador también en ejercicio, Enrique Inzunza, perteneciente al mismo partido, el oficialista Morena.
La acusación señala que los implicados protegieron a líderes del cartel frente a investigaciones y detenciones, filtraron información sensible de fuerzas de seguridad, ordenaron a corporaciones policiales resguardar cargamentos de droga y facilitaron el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos. ¿Habría detectado la nueva comisión del INE estos vínculos? La respuesta es no, porque ni la FGR ni la Unidad de Inteligencia Financiera actuaron sobre ellos mientras ejercían el poder. El senador Inzunza mantiene su escaño y su fuero; no se sabe con certeza su paradero desde el 29 de abril, cuando se hicieron públicas las acusaciones.
Aquí está la trampa lógica de toda la iniciativa: quienes tienen vínculos reales con la delincuencia organizada llegan al poder precisamente porque cuentan con la protección de las instituciones que, paradójicamente, serían las encargadas de investigarlos. Si esas instituciones fueran efectivas, esos personajes ya estarían tras las rejas antes de llegar a una candidatura. Si no lo están, es porque el Estado —en sus distintos niveles— no los ve, no puede verlos o no quiere verlos. Una comisión del INE que consulte a esas mismas instituciones no agrega ninguna capacidad nueva.
Lo que sí agrega esta iniciativa es una coartada política cuidadosamente calculada. Se presenta poco después de que estallara el escándalo de Sinaloa, en vísperas de elecciones en Coahuila y a un año de los comicios de 2027. Y la presenta Luisa María Alcalde, ex presidenta nacional de Morena, el partido que postuló al alcalde de Tequila, al gobernador de Sinaloa, al senador Inzunza, y a decenas de funcionarios municipales hoy investigados o presos. Si Morena tenía la voluntad y las herramientas para depurar sus filas, la pregunta es incómoda e ineludible: ¿por qué no lo hizo antes de postularlos?
La respuesta, al parecer, no les interesa. Lo que interesa es cambiar el tema, mover la conversación del escándalo hacia la “solución”, de la complicidad hacia la propuesta. Que los pirómanos se vistan de bomberos y anuncien que traen una manguera. El problema es que la manguera no tiene agua, la entrega quien quiera entregarla y no tiene ninguna obligación legal de apagarle el fuego a nadie. Eso no es una reforma. Es teatro.
