Federico Berrueto
No será fácil abordar el tema de la militarización de la vida nacional en el marco de las campañas para 2024. En su momento, López Obrador candidato pregonaba regresar a los militares a los cuarteles, consecuente con la postura histórica de la izquierda y de una amplia corriente que por igual reivindica la protección de los derechos humanos, que cuidar a la institución castrense de su politización. Ya en el poder, López Obrador migró a la postura opuesta; vio en los militares a sus mejores aliados para emprender su proyecto político y de gobierno; de allí en adelante ha procedido a la militarización sin precedente alguno.
La génesis de la militarización ocurre ante la incapacidad de las autoridades civiles para hacer frente a la criminalidad. La visión represiva respecto al combate al tráfico de drogas ante el creciente poder de fuego de los cárteles del crimen organizado obligó a los presidentes, en mayor o menor grado, a recurrir a las fuerzas armadas, particularmente a la marina, que mostró mayor capacidad, cohesión y flexibilidad para emprender las tareas ordenadas por el comandante supremo.
Incursionar en funciones de seguridad pública nunca ha sido una tarea deseable por los militares por varias consideraciones. La primera, desvirtúa su misión en la salvaguarda de la seguridad nacional e integridad territorial. Segundo, los expone a la corrupción que deviene del poder económico del crimen organizado. Tercero, no están entrenados para realizar tareas de policía; su naturaleza es la de abatir al enemigo con todos los recursos a su alcance. Por esta consideración la exigencia de los militares es contar con una legislación que les proteja y un régimen diferenciado que no los someta a las reglas comunes de la administración pública. López Obrador les ha cumplido, garantizando la discrecionalidad y la opacidad con que siempre han actuado; lo mismo puede decirse del régimen institucional de rendición de cuentas. El desdén al Congreso del general secretario Luis Cresencio Sandoval es buen un ejemplo. Inaudito que el Ejército realice las labores de inteligencia criminal y política.
La desaparición del Estado Mayor presidencial por López Obrador dejó expuesto al presidente. Su origen viene de la necesidad de proteger al jefe del Estado de cualquier amenaza, incluso militar. Situación insostenible por la amenaza del crimen organizado; algo deberá hacerse en el próximo gobierno. Aducir que el que nada debe nada teme o que el pueblo es su mejor protección es infantil e irresponsable.
El presidente ha abusado de los militares no sólo en actividades de seguridad pública; por su impaciencia para lidiar con la burocracia civil ahora es rehén de la imagen de obediencia, disciplina y lealtad que le profesan los militares. Las pulsiones autoritarias se recrean con los valores y el profesionalismo castrense. Sin embargo, nadie es inmune a la corrupción, menos cuando hay discrecionalidad, opacidad y ausencia de rendición de cuentas. El presidente ha corrompido a parte de la jerarquía del Ejército no así a la institución; ha despertado en la corporación inconformidad y en la sociedad un deterioro de su ascendiente y prestigio; además, las tareas asignadas van contra las mejores prácticas del papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática.
Algo semejante ocurre cuando se le encomienda la seguridad pública. La guardia nacional es un cuerpo dirigido por militares e integrado en su mayoría por soldados. Tienen la responsabilidad, pero no la autoridad para actuar porque el presidente sabe que habría enfrentamientos y mayor violencia; el crimen crece, las víctimas aumentan, las autoridades civiles se someten al poder de los delincuentes y conforme los días pasan se profundiza la dependencia de las autoridades civiles de los militares. Ante el dominio del crimen de amplios territorios del país, para unos y otros la situación se ha vuelto insostenible. Es inevitable revisar a fondo la política de seguridad, que conlleva modificar las condiciones de las fuerzas armadas en la vida pública.
Claudia o Xóchitl, no importa quien gane. La situación obliga a una revisión a fondo de la militarización. No son cuestiones de ideología o congruencia política, razones de Estado y de auténtico interés nacional vuelven necesario redimensionar las responsabilidades a cargo de los militares. El precedente de la militarización deberá revertirse y es tan necesario como posible. Afortunadamente, las fuerzas armadas acreditan un sentido ejemplar de lealtad, institucionalidad y compromiso con el país.
