Federico Berrueto
Escuchando Antonio Navalón discurriendo sobre la presidenta Sheinbaum en Código Magenta, hace pensar en una sorprendente semejanza entre el lejano ayer y el ahora, esto es, el desdén al voto como fuente de legitimación. Como en el viejo régimen, el ungimiento de quien ocupara la presidencia se deriva del destape, no del sufragio popular. Una diferencia no menor, en el PRI se procesaba la lealtad al sistema, ahora es hacia el caudillo fundador. Morena como tal no existe, fue una estructura para llevar al poder a López Obrador y persiste en el mismo empeño, mantenerlo como la figura que orienta, cohesiona e inspira. La presidenta Sheinbaum es clara al respecto y eso significa no sólo la debilidad de la autoridad presidencial, sino más bien, su ausencia como mandataria porque López Obrador y todo lo que representa adquieren preeminencia, esto es, la política sobre las instituciones.
Hay que entender desde dentro para comprender la manera como prevalece el interés del régimen por encima al país. La primera razón refiera a la premisa falsa, propia de toda cultura autoritaria, que el régimen político es la expresión misma del interés nacional. Lo que no pertenece al régimen no solo es ilegítimo, sino que atenta contra el auténtico interés del pueblo. Es un asunto de representación simbólica que no requiere del sufragio porque antepone la idea de que el partido y su estructura de poder son lo mismo que la nación. Cualquier semejanza con los totalitarismos -leninismo, fascismo, nacismo o las teocracias- no es casual. Esto se corrobora con el fallido intento de depurar a la coalición gobernante con la expulsión del PVEM y PT.
El problema originario sobre el deterioro y destrucción del edificio democrático refiere no sólo a los poderes públicos, la exclusión de la pluralidad y el desprecio a la legalidad y justicia, también, implica a la institución presidencial representativa del Estado, esto es, la representación del conjunto nacional. No hay presidente de todos los mexicanos, sino del partido de Estado, porque para ellos es la única fuente legítima y legitimadora de autoridad.
Otra revelación del diálogo de Ramón Alberto Garza y Navalón es la ausencia presidencial. La explicación es triple. Primero, quien fue electa por el voto popular más elevado de la historia de México, ahora cuestionado por el financiamiento de origen criminal de la campaña-, prefiere, por razones de origen y biografía familiar, ser oposición que gobierno. Segundo, el voto es simple trámite porque es el líder fundacional y lo que ha hecho la razón del triunfo arrollador. Tercero, la fuerza del proyecto no está en la elección, sino quien lo construyó, inspiró y ahora orienta. El júbilo de la presidenta Sheinbaum cuando refiere a López Obrador en estas complicadas horas lo constata por su autenticidad. Sheinbaum pertenece a la nación obradorista y allí es feliz, no a la de la diversidad, por cierto, cuantitativamente mayor que la república de Morena y como se vio en Coahuila, Chihuahua y Michoacán, en un claro deterioro político, moral y electoral.
Lo que viene es muy complicado y es inevitable domiciliarse en lo impensable, aquello inimaginable porque se están recreando el desplazamiento de la política civilizada por las relaciones de fuerza, de poder. No es exclusivo de México y el presidente Trump es el campeón en este empeño. Es evidente que en términos convencionales el régimen morenista las lleva todas de ganar, por las buenas o malas, pero si la legalidad y la competencia justa le plantan cara, es pensable lo impensable y posible lo imposible, que es el aplastamiento opositor. La cuestión es que la oposición que importa y que amenaza al régimen no es la de los partidos, sino la social y si no se le da cauce por las vías propias de la democracia, la lucha se torna callejera, preludio del caos y la violencia de la que la ciudad de México en estos días ha dado temprana pálida muestra.
Renunciar a la legalidad, la justicia y la institucionalidad democrática expone al país, no solo al régimen. En eso sí hay una diferencia a todo el pasado de vida pública. Siempre quedó claro que la legalidad era la mejor protección al abuso y al caos. Hubo periodos luminosos en tal empeño, los menos, los más fue el imperio de la ley a medias y con sesgo a favor de los intereses más poderosos. Sin embargo, nunca un mandatario hizo ostensible su desdén a la legalidad como sí ocurrió en el obradorismo, que por esa razón es víctima de sí mismo.
