Javier Coello Trejo in memoriam
Federico Berrueto
La suerte del régimen político y, en algún sentido, la del país, depende ya no de los mexicanos, sino de lo que decida el imperio. Hay dos planos de actuación: el del policía bueno, representado por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio y por Christopher Landau, exembajador en México, hoy subsecretario responsable de la estrategia hacia México. El policía malo, se puede decir, es el mismo presidente Trump quien lo personifica, pero, en su gabinete, sería el polémico y cuestionado secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las dos lógicas conducen a lo mismo, pero los medios cambian radicalmente.
En el primer caso se emplean recursos propios de la legalidad convenida y prevaleciente; en el segundo, la legalidad es excepcional y dominan las soluciones de fuerza unilaterales, como la extracción de Nicolás Maduro, el bombardeo en el Caribe de embarcaciones o el asesinato del ayatolá Jamenei con su familia.
La solicitud de detención de los 10 sinaloenses imputados, encabezados por el gobernador Rocha y el senador Insunza, otrora eventual sucesor, pertenece a la lógica de la legalidad concertada. Funcional al gobierno norteamericano; hay dos poderosos recursos de empleo discrecional, unilateral y de reglas concertadas —además del retiro de visas— que dan ventaja a las autoridades del país vecino: las sanciones a través del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la unidad dependiente del Departamento del Tesoro responsable de combatir el lavado de dinero y las finanzas del terrorismo. Una decisión de esta dependencia bloquea cuentas y suspende toda transacción financiera de empresas, entidades, personas e incluso organizaciones, como sucedió con ISIS y Al Qaeda. El FinCEN sancionó en 2012 a HSBC por 1,920 millones de dólares por violaciones de control financiero relacionadas con organizaciones criminales, entre estas, el cártel de Sinaloa.
Otro de los medios de legalidad concertada es la estructura policiaca global, en la que la INTERPOL y el empleo de la llamada ficha roja sirven para la detención de presuntos criminales. Una vez que el gran jurado determina que hay base para la imputación de una persona que se sospecha está fuera del país, se solicita su detención en cualquier lugar en que se encuentre. Las policías de todas las naciones que han convenido participar en este esquema de seguridad, como es el caso de México, deben proceder a la detención.
El gobierno de México se ha desentendido de lo segundo, pero ha tenido que obedecer lo primero. Es cuestión de tiempo para cumplir con la solicitud del Departamento de Estado de detener a los diez imputados, aunque ello no significa que deba entregarlos, porque hay un periodo para desahogar pruebas de que existen suficientes elementos para iniciar juicio contra los imputados, no de culpabilidad. El gobierno nacional puede aducir que las pruebas no son suficientes, incluso que habría de juzgarlos, con el agravante de que la inexistente independencia de la FGR y del Poder Judicial Federal, así como el precedente del general Cienfuegos, exculpado fast track, volverían insatisfactoria la respuesta, lo que abre espacio al vecino para proceder por la vía del plano dos: invocar la lucha contra el terrorismo, arrogarse la legalidad implícita y amenazar con la solución “Maduro”, con todas sus implicaciones.
El problema para la presidenta Sheinbaum no son los diez imputados de Sinaloa, sino que entiende —y hace bien— que es el principio y que podría también suceder con otros gobernadores, políticos y miembros de su gabinete. En el plano de la especulación, podría llegar a jefes o exjefes militares. Ya ocurrió con el general Gerardo Mérida Sánchez, ahora en EU, en un acuerdo con la fiscalía del distrito sur de Nueva York. Podría acontecer con el general Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia en el gobierno anterior, muy cercano al expresidente y quien asignó a los titulares de varias secretarías de seguridad pública acusadas de connivencia con el crimen organizado, como el caso del general Mérida. Además, el general Martínez ha sido señalado como partícipe relevante del contrabando de combustible.
La presidenta Sheinbaum ha radicalizado su postura. Persigue a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la pesencia de agentes de la CIA en un operativo exitoso contra el fentanilo, a la vez que ostensiblemente protege al gobernador Rocha, imputado por un gran jurado por asociación con una organización terrorista extranjera. Es cuestión de tiempo para que sobrevenga la desgracia de los diez y más; la duda es quién prevalecerá: el policía bueno o el policía malo.
