Melitón García de la Rosa
Claudia, soberanía y territorio de narcos…
Resulta que ahora la soberanía nacional está en riesgo porque en Querétaro se puso la primera piedra de una academia internacional de capacitación policiaca y porque en Chihuahua se realizó un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, en medio de cuestionamientos por la participación de autoridades extranjeras.
Así es mis queridos boes, para CLAUDIA SHEINBAUM parece que el problema no es solamente cómo recuperar la seguridad de los mexicanos, sino quién participa, quién autoriza, quién aparece en la fotografía y si las cosas se hacen exactamente como quiere Palacio Nacional.
Y que quede claro, porque luego salen con que uno pretende que los extranjeros hagan lo que les dé su regalada gana en territorio nacional: México tiene leyes, tiene instituciones y todo el derecho de exigir que cualquier colaboración internacional se ajuste a ellas. Faltaba más.
Pero una cosa es defender la legalidad y otra muy distinta es envolverse en la bandera para convertir cualquier diferencia sobre cooperación policiaca en un asunto de soberanía nacional, como si pronunciar esa palabra fuera suficiente para que los delincuentes dejen de operar.
Porque, a ver, ¿de qué soberanía estamos hablando cuando en amplias zonas del país los grupos criminales imponen sus propias reglas, extorsionan comerciantes, amenazan productores, disputan territorios y deciden, en los hechos, quién puede trabajar, circular o vivir tranquilo?
¿De esa soberanía se trata, de la que se defiende con discursos desde Palacio Nacional, pero que millones de mexicanos no sienten cuando cierran sus negocios por miedo, cuando tienen que pagar extorsiones o cuando ven cómo los delincuentes se adueñan de actividades que deberían estar bajo la protección del Estado?
Porque esa es la parte que parece perderse en la discusión.
En Chihuahua, el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino puso sobre la mesa una discusión sobre la participación de agentes extranjeros, la coordinación entre autoridades y el cumplimiento de la ley. Si hubo irregularidades, que se investiguen; si alguien actuó fuera de los procedimientos legales, que responda por ello. Nadie está por encima de la ley, ni los mexicanos ni los extranjeros.
Pero ¿por qué el énfasis político termina colocado en la intervención de autoridades de otro país y no, con la misma contundencia, en la necesidad de desmantelar los laboratorios, cortar las cadenas de suministro, perseguir a quienes financian el negocio y evitar que el fentanilo siga envenenando a miles de personas?
¿O acaso el problema sería menor si el laboratorio hubiera seguido operando hasta que todas las oficinas involucradas terminaran de ponerse de acuerdo?
Y luego está Querétaro.
Allá, el gobernador MAURICIO KURI participó en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policiaca, un proyecto que ha provocado cuestionamientos desde la Presidencia por los procedimientos y las autorizaciones federales que, según el gobierno de SHEINBAUM, deben cumplirse.
Muy bien, que se revisen los permisos, que se aclaren las atribuciones de cada autoridad y que se cumpla con la ley. Pero, a ver, ¿desde cuándo capacitar mejor a los policías tendría que convertirse en motivo de alarma nacional?
¿No llevamos años reclamando corporaciones mejor preparadas, con mejores técnicas de investigación y con capacidad para enfrentar organizaciones criminales que en muchos lugares tienen más recursos, más armamento y más poder de intimidación que las propias policías locales?
¿No es precisamente eso lo que necesita un país donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de sus habitantes?
El asunto, es que la cooperación internacional no puede sustituir la responsabilidad del gobierno mexicano, pero tampoco debería convertirse automáticamente en una amenaza por el simple hecho de involucrar a Estados Unidos.
Porque tampoco se trata de santificar a los gringos. Allá está buena parte del mercado consumidor que alimenta el negocio de las drogas, allá existe un grave problema de consumo y desde ese país también llega una cantidad importante de las armas que terminan en manos criminales en México. Si vamos a hablar de responsabilidades, que se hable de todas.
Pero una cosa es exigir reciprocidad y respeto, y otra es que el discurso de la soberanía termine sirviendo para desviar la atención de una pregunta mucho más incómoda: ¿qué está haciendo el Estado mexicano para recuperar los territorios donde los criminales pretenden imponer su autoridad?
Porque la soberanía no es propiedad exclusiva de la Presidencia de la República, ni un argumento que pueda utilizarse solamente cuando hay diferencias con Washington. La soberanía también pertenece a los ciudadanos, a quienes tienen derecho a vivir sin miedo, a trabajar sin pagar derecho de piso y a transitar por su país sin sentir que están entrando en territorio controlado por una organización criminal.
Y si el gobierno de SHEINBAUM está tan preocupado por defenderla, pues qué bueno, porque motivos sobran. Lo que falta es que esa preocupación se traduzca en resultados que los mexicanos puedan ver y sentir en sus comunidades.
No basta con indignarse por la presencia de agentes extranjeros. Hay que demostrar que las instituciones mexicanas pueden investigar, detener, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes hacen del crimen su negocio. No basta con discutir quién autorizó una academia; hay que conseguir que los policías estén mejor preparados y que esa preparación se refleje en mayor seguridad para la gente.
¿O de qué sirve presumir que somos un país soberano si hay ciudadanos que sienten que su autoridad más cercana no es el gobierno, sino el grupo criminal que manda en su región?
¿De qué sirve reclamar que nadie venga a decirnos cómo hacer las cosas si todavía hay comunidades donde los mexicanos no pueden decidir libremente cómo vivir las suyas?
Y la pregunta final, mis queridos boes, es obligada: ¿la soberanía nacional es para que el gobierno de SHEINBAUM se indigne cuando otros participan en operativos o proyectos de capacitación policiaca, o también es para que asuma, sin pretextos, la responsabilidad de recuperar los territorios donde el crimen organizado lleva años desafiando al Estado?
Porque una cosa es defender la soberanía en el discurso y otra muy distinta ejercerla en los hechos.
Y mientras los mexicanos sigan esperando seguridad, justicia y tranquilidad, la soberanía no puede ser el pretexto para explicar lo que el gobierno todavía no ha podido resolver…!!
