¿Cuáles candidatos pasarán aquí el filtro de ‘cero nexos’ con el narco?
Rubén Cárdenas
El obstáculo más difícil de salvar para quienes aspiran a cargos de elección popular el año entrante, es estar exento de cualquier vínculo con el crimen organizado, sobre todo porque partidos y autoridades han tenido que admitir que este poder ilícito es una especie de cogobierno.
Tanto así, que pone y quita candidatos a su antojo, financia campañas, corrompe gobiernos, chantajea, extorsiona y presiona al más alto nivel. En este contexto ¿Cuántos perfiles en Durango pasarán esta pared tan supuestamente infranqueable?
La elección del 2027 contempla el relevo en 17 gubernaturas, aparte de mil 98 diputados locales de los 31 congresos estatales y más de 2 mil 200 presidencias municipales en 30 estados. En total, serían más de 30 mil aspirantes susceptibles de verificación, ya que habrá concurrencia de 32 procesos locales con la elección federal.
De antemano se sabe que, desde hace mínimo tres décadas y cada vez con mayor intensidad, es a nivel estatal y municipal donde estos grupos intervienen en todos los aspectos de la gobernabilidad, obviamente para obtener ganancias ilícitas de una ciudadanía que ya está harta de ser acosada y extorsionada.
Al aprobarse en el Congreso federal y por el Instituto Nacional Electoral la reglamentación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, los aspirantes serán investigados desde el periodo de precandidatura y se extenderá hasta las candidaturas definitivas.
La investigación se extenderá a los suplentes de los perfiles que propongan los ocho partidos políticos contendientes, previsión que no sale sobrando, porque muchas veces ellos tomarán el lugar del que se vaya a contender por otro cargo; un caso frecuente, por cierto.
Esta comisión funcionará como un puente de articulación institucional, cuyos lineamientos facultan al INE para pasar reportes y alertas a dependencias federales y locales, como la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías estatales.
De la misma manera, intervendrán entidades financieras y fiscales, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (o sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Según esta disposición, ya vigente, se dejará fuera del proceso electoral siguiente -y de todos los demás- a perfiles de cualquier partido al que se le comprueben vínculos con el crimen organizado y las autoridades competentes abrirán carpetas de investigación para proceder judicialmente contra los imputados.
Es decir, de aplicarse esta nueva ley con todo rigor, no serían pocos los políticos que acabarían hasta encarcelados por la sola pretensión de ser regidores, síndicos, diputados locales o federales, alcaldes, incluso gobernadores.
Por todo esto, no deja de ser relevante el caso de Durango, porque, al igual que en otras entidades, hay nombres que eventualmente intentarán figurar en alguna boleta para esa elección, pero ¿Cuántos pasarán este filtro y cuántos no?
Hasta hoy, algunos abiertamente han manifestado su deseo de ser candidatos a diputados federales o a diputados locales; sin embargo, no para todos y todas es igual la situación; unos no tendrían problema, pero otros no la tienen nada fácil. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
NO SE SABE si el director de la Facultad de Odontología, Hugo Terrones, tiene el aval del rector de la UJED, Ramón García Rivera, pero la forma en que conduce los destinos de esa unidad académica deja muy mal parada a la máxima casa de estudios… RESULTA QUE TERRONES podría estar incurriendo en la presunta comisión de delitos, como usurpación de profesión, ejercicio ilícito del servicio público y tráfico de influencias, sin que alguien se lo impida hasta hoy. A partir del 2025 se configura una serie de hechos que ameritan una investigación judicial, porque podría darse el caso de utilización de recursos públicos; es decir, parte del presupuesto de la UJED, para fines de Interés personal… EN DICIEMBRE DEL año pasado, el director de Odontología fungió como padrino de la generación 97, de cual fue parte su pareja sentimental, quien también fue su alumna. Por principio de cuentas, había que investigar el origen de los recursos. En el semestre enero-junio del 2026, esta jovencita recién egresada, cuyas iniciales son NPR, impartió la materia de Oclusión en esa Facultad sin contar con el título universitario, ni cédula profesional, la cual habría registrado debidamente después de ese periodo. El titular de esa materia es precisamente Hugo Terrones, quien a raíz de esto se vio involucrado en un claro conflicto de intereses, y ella en una presunta usurpación de profesión. Luego, en marzo del presente año, fue enviada a un curso para docentes en Monterrey, sin tener nombramiento como tal. Se utilizaron recursos del presupuesto universitario, por lo que se podría fincar el delito de peculado. Y, el 9 de julio del año en curso, ella presentó exitosamente su examen profesional y coincidentemente un sinodal distinguido del Jurado fue Hugo Terrones, quien arregló las cosas para que con sólo 5 meses y 8 días de servicio social pudiera titularse, pese a que la Ley Reglamentaria universitaria, en su artículo 5, exige un año para cumplir esa disposición de servicio social. Al haber figurado como sinodal, el director pudo haber incurrido en ejercicio ilícito del servicio público, así como en tráfico de influencias ¡Vaya con la poca seriedad en una facultad tan importante!
CUENTA EN X: @rubencardenas10
