El CEO de Twitter ordenó despedir al 50 por ciento de la plantilla tras la adquisición de Twitter, violando varias normativas de ley.
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La purga iniciada por Elon Musk en Twitter a principios de noviembre dejó sin trabajo a más de la mitad de sus empleados, muchos de los cuales están iniciando acciones legales, un proceso que promete ser largo y potencialmente costoso para el empresario.
Es imposible saber cuántas personas siguen trabajando en Twitter, ya que la empresa californiana ya no dispone de oficina de prensa. Pero «alrededor del 50 por ciento» de los 7 mil 500 empleados fueron despedidos el 3 de noviembre, según un mensaje interno. «A todos los que perdieron sus trabajos se les ofrecieron tres meses de compensación», tuiteó Musk al día siguiente. Cinco empleados de Twitter recientemente despedidos presentaron de inmediato una demanda colectiva contra la empresa.
Expusieron dos razones principales. Por un lado, el incumplimiento de un acuerdo celebrado antes de la adquisición de la red social por parte del fundador de Tesla. El verano boreal pasado, la antigua dirección de Twitter había prometido a los empleados que, en caso de un plan de despidos, recibirían un determinado nivel de compensación económica.
El objetivo era «frenar las salidas» de empleados, afirma Shannon Liss-Riordan, abogada de los demandantes. Unos 700 trabajadores dimitieron antes de estar seguros de que el multimillonario se haría cargo de la plataforma.
«Entonces apareció Musk y tiró esa promesa por la ventana», asegura la abogada.
La segunda razón refiere al plazo de preaviso de 60 días exigido por la legislación estadunidense para los despidos masivos (la Ley de Advertencia), que no fue respetada en el caso de algunos empleados.
«Twitter afirma que fueron despedidos por mala conducta, cuando en nuestra opinión formaban parte de un plan de despidos más amplio», continúa Liss-Riordan.
Las oficinas-dormitorios de Twitter
La abogada también acompaña otras dos demandas colectivas, una en nombre de los empleados de un subcontratista y otra por discriminación. Dos semanas después de los despidos, Musk impuso un ultimátum: trabajar a pleno en la oficina, o marcharse. Sin embargo, el teletrabajo es la única opción para algunos empleados con discapacidad.
La empresa, con sede en San Francisco, también está siendo investigada por convertir algunas de sus oficinas centrales en dormitorios para los empleados que duermen allí, según la estación de radio local KQED News. La plataforma le pidió al juez federal de San Francisco, James Donato, que desestime los reclamos de los cinco e xfuncionarios y les obligue a someterse a un arbitraje individual, en función de una cláusula de sus contratos.
Los demandantes, en tanto, piden al tribunal que se pronuncie colectivamente sobre si Twitter infringió la ley, antes de remitirlos a arbitraje.
«Si el tribunal opta por el arbitraje, estamos preparados para presentar cientos, si no miles, de reclamos individuales para garantizar que los empleados reciban lo que les corresponde», afirma Liss-Riordan.
Bombardeo de demandas
El lunes, la abogada californiana Lisa Bloom dijo en una conferencia de prensa que buscaría un arbitraje para varios de sus clientes, antiguos trabajadores de la red social.
«Y vamos a seguir presentando estas demandas, una por una, bombardeando a Twitter», sostuvo.
«Por lo general, las cláusulas de arbitraje se consideran favorables al empleador y un medio para reducir costos de litigio», describe Eric Goldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara. Pero según explica este experto, las cláusulas estipuladas por Twitter establecen que los costos irían por cuenta de la firma, por lo que se abre la posibilidad de masivos pedidos de arbitraje a la Justicia, y eso podría aumentar «drásticamente la factura» para la firma de Musk.
«El aspecto colectivo crea un incentivo para que el empleador encuentre un acuerdo amistoso» general, argumenta Risa Lieberwitz, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Cornell.
Goldman recuerda que Twitter ya se encuentra en una mala situación financiera, con una deuda de 13 mil millones de dólares derivada de la compra, y privada de una parte considerable de su facturación por la salida de muchos anunciantes.
Elon Musk «piensa que está por encima de la ley, que puede hacer lo que quiera», afirma Liss-Riordan, quien también defiende a exempleados de Tesla. Pero «tenemos leyes en este país que protegen a los empleados. E incluso el hombre más rico del mundo no puede ignorar la ley».
(Con información de Excélsior)
