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Este martes la comisión que investigará oficialmente los abusos sexuales cometidos en España por miembros de la Iglesia católica iniciaron sus trabajos sin la participación de la institución religiosa.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presidió «este martes la reunión constitutiva de la Comisión Asesora para elaborar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos», informó la institución que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Esta comisión nace de un encargo del Parlamento, y está formada por 20 personas, en su mayoría «asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología», según el Defensor del Pueblo.
La comisión no tiene, de momento, fecha para presentar sus conclusiones.
En una comparecencia parlamentaria en junio, Gabilondo dijo que su objetivo es «recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder».
«Ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones», agregó.
Los diputados españoles aprobaron a principios de marzo la creación de una comisión de expertos encargados de llevar a cabo la primera investigación oficial en el país sobre pederastia en la Iglesia católica.
La iniciativa, que recibió un amplio respaldo de los diputados, preveía que esta comisión independiente, presidida por el Defensor del Pueblo, contaría con la presencia de representantes de la administración, de las víctimas y del clero.
Sin embargo, la Iglesia católica española declinó participar en ella, por considerar que la comisión debería investigar este tipo de abusos en toda la sociedad, no sólo en su seno.
Pese a ello, la Iglesia ofreció «colaboración con las autoridades civiles de todo tipo, los jueces, el Parlamento, el Gobierno, en el marco de la legislación vigente», declaró, a fines de abril, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
A diferencia de países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia o Irlanda, España no ha realizado ninguna investigación de envergadura sobre este tema.
A falta de datos oficiales, el diario El País lanzó un registro en 2018 que ha contabilizado casi mil 600 víctimas de pederastia en la Iglesia española.
Por su parte, la Iglesia señaló en marzo haber registrado desde 2020 más de 500 casos de violencias sexuales contra menores en su seno.
También, la Iglesia anunció a finales de febrero que había encargado a un bufete de abogados una auditoría externa para arrojar luz sobre la violencia sexual contra menores.
