Jessica Rosales
Periodistas bajo amenaza: el sello de la 4T
“Vamos a ir tras de ti”. Cinco palabras bastaron para que el senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, mostrara a nivel nacional una práctica que quienes ejercemos el periodismo desde los estados también conocemos demasiado bien: cuando la información incomoda al poder, la respuesta muchas veces deja de ser el argumento y se convierte en descalificación, intimidación, amenaza o presión.
Periodistas hemos enfrentado durante años ataques provenientes de actores políticos de distintos colores. Pero sería irresponsable ignorar que, en los últimos años, personajes vinculados a la llamada Cuarta Transformación han adoptado con preocupante frecuencia una narrativa de descrédito contra periodistas y medios críticos, heredada del estilo político que Andrés Manuel López Obrador convirtió en práctica cotidiana desde la tribuna presidencial.
Artículo 19 documentó durante el sexenio de López Obrador 3 mil 408 agresiones contra la prensa, 62.13 por ciento más que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La organización identificó además al Estado mexicano, a través de sus autoridades, como responsable de 45.75 por ciento de las agresiones registradas en ese periodo. También advirtió que el discurso estigmatizante desde el poder produjo un “efecto cascada” hacia políticos, autoridades estatales y municipales de distintos partidos.
Por eso importa tanto lo que respondió Enrique Acevedo. Una autoridad tiene derecho a desmentir una publicación, cuestionarla, aportar documentos y exigir precisión. Lo que no puede normalizarse es la amenaza y la intimidación..
Ante las criticas, Luis Fernando Salazar aseguró que se refería “única y exclusivamente” a emprender acciones legales. Finalmente reconoció: “Me equivoqué en la forma” y ofreció una disculpa pública: “La expresión que utilicé no fue correcta. Me faltó mesura y me faltó explicar en ese momento a qué me estaba refiriendo”.
Pero hay un problema incluso con esa justificación: los tribunales también pueden convertirse en instrumentos de intimidación contra periodistas.
No es una interpretación mía. Artículo 19 documentó que, durante 2025, 69 periodistas y medios enfrentaron acoso judicial mediante 29 procesos electorales, 17 penales, 15 civiles y ocho hostigamientos administrativos: en promedio, un nuevo proceso legal cada seis días. La organización advierte que en estos casos el objetivo no necesariamente es obtener una sentencia, sino que el proceso mismo puede generar desgaste económico y emocional, estigmatización y efectos inhibitorios sobre las decisiones editoriales.
Para mortificación de Luis Fernando Salazar es que esta vez la frase salió del ámbito local y cayó bajo los reflectores nacionales.
El periodista Joaquín López-Dóriga fue contundente al interpretar la expresión como “una amenaza de muerte” y cuestionó lo que llamó el “silencio cómplice”. Desde la oposición, Lilly Téllez exigió a la FGR investigar al senador. Entonces Luis Fernando Salazar se topó con una pared que muchas veces no se logra en los entornos locales, visibilidad e impacto nacional suficiente para que una agresión provoque consecuencias políticas inmediatas.
Y lejos de inhibir esta práctica, la narrativa desde el poder no termina de desaparecer. Artículo 19 señaló en su informe sobre 2024 que, aunque Claudia Sheinbaum había moderado inicialmente el tono respecto de su antecesor, espacios gubernamentales destinados a desacreditar informaciones mantenían la lógica de confrontación con el trabajo periodístico. Más recientemente, en agosto de 2026, la organización expresó preocupación por el uso del espacio denominado “Derecho de Réplica”, encabezado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al considerar que puede funcionar como mecanismo de monitoreo y calificación de la conversación pública.
El poder tiene todo el derecho de responder. Lo que no tiene derecho es a convertir la réplica en linchamiento, el desacuerdo en intimidación o la justicia en amenaza.
