¿Ley espía?
Héctor Reyes
Hace unos días, el Congreso mexicano, dominado por la mayoría de Morena, aprobó una reforma que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos, expertos en privacidad digital y ciudadanos preocupados por la creciente vigilancia del Estado.
Se trata de una modificación a diversas normas de seguridad, conocida popularmente como la “ley espía”, que permite el acceso sin orden judicial a información privada de usuarios de telefonía y servicios digitales.
Bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir delitos como el secuestro, el narcotráfico y la extorsión, la reforma faculta a instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República a requerir en tiempo real, sin orden judicial, datos personales de los ciudadanos. Esto incluye: Localización geográfica en tiempo real, registros de llamadas y mensajes, datos biométricos recolectados por empresas de telecomunicaciones y los llamados “Metadatos” de navegación en internet.
El gobierno menciona que esta información será usada exclusivamente en investigaciones de alto perfil, pero, según expertos, el diseño de la ley carece de mecanismos robustos de supervisión, rendición de cuentas y protección de datos, lo que abre la puerta a potenciales abusos de poder. ¿Solo van a espiar a los criminales?
La implementación de esta ley significa que cualquier ciudadano podría estar siendo rastreado, aún sin estar involucrado en una investigación judicial. Activistas, periodistas, opositores políticos, e incluso usuarios comunes podrían convertirse en objetivos del monitoreo estatal.
Además, esta nueva ley forma parte de una estrategia más amplia de control y centralización del poder, en un contexto en el que se ha buscado debilitar al Poder Judicial o controlar al INAI.
Diversas organizaciones ya han anunciado acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando la inconstitucionalidad de la reforma. Sin embargo, la efectividad de estos recursos dependerá en gran medida de la independencia del Poder Judicial, una institución que también se encuentra bajo el control gubernamental debido a las recientes reformas promovidas por Morena.
En respuesta a las críticas lanzadas contra la Ley de Telecomunicaciones por el riesgo de que se registren casos de espionaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso darle un nuevo nombre a ese conjunto de disposiciones y denominarla «Ley de Apoyo a la Población».
La Presidenta negó ayer que su Administración busque imponer un «Estado Espía» y aseguró que las intervenciones de la privacidad sólo serán autorizadas por órdenes judiciales.
Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que la nueva generación de jueces, que fue electa por voto popular el pasado 1 de junio y que asumirá funciones el 1 de septiembre, podría responder a intereses gubernamentales.
La Mandataria federal acusó que las críticas a la Ley de Telecomunicaciones obedecen a un tema político por parte de algunos personajes, a quienes acusó de estar siempre en contra de su Gobierno.
«Es un tema político de criticar al Gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley. Hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo”.
La titular del Ejecutivo federal reiteró que es falso que el Gobierno vaya a espiar a la población y que esta actividad sólo se realizará a partir de la orden de un juez como parte de una carpeta de investigación.
Como siempre lo hemos dicho, usted, amable lector, tiene la última palabra, será una ley espía o de apoyo…
Buen fin de semana, la frase: “No tomes una decisión permanente, por una emoción temporal”. ¡Ánimo!
X:_hreyes
