Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Gómez Palacio, Durango.- La actual Administración Municipal ha realizado las gestiones y trámites necesarios para que el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Gómez Palacio se aplique de manera equitativa y congruente, lo cual ha motivado que empresarios volteen a ver a esta ciudad con la intención de invertir por todas las ventajas que ha implementado el Municipio.
El síndico municipal, Cuauhtémoc Estrella, explicó que el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó la inconstitucionalidad de la ley que ampara el cobro del DAP con la Comisión Federal de Electricidad como intermediario, por lo que el Congreso del Estado notificó a los 39 municipios sobre la necesidad de modificar las Leyes de Ingresos en relación con ese derecho.
La declaración de inconstitucionalidad se llevó a cabo debido a que hasta entonces, se aplicaban cobros excesivos, de hasta el 10 por ciento, lo que generó la promoción de innumerables amparos por parte de los usuarios, principalmente del sector industrial.
Estrella señaló que el municipio de Gómez Palacio, con el apoyo de un despacho especializado en el tema, se dio a la tarea de realizar un estudio consciente para encontrar la mejor forma de aplicar el cobro de este derecho, y al igual que en muchas otras ciudades del país, se modificó la Ley de Ingresos en función de cobros más equitativos.
“No más cobros excesivos a industrias, comercios y empresarios que, además, generan empleos en el municipio”, señaló el síndico, al destacar que los amparos que persisten se promovieron en pasadas administraciones, incluso en algunos casos los magistrados resolvieron devolver el recurso que fue cobrado de manera ilegal.
El síndico destacó también que el municipio de Gómez Palacio hace válida la facultad de cobrar del DAP, puesto que así se pactó con la Comisión Federal de Electricidad, partiendo de que todos quienes son propietarios de un predio deben pagar este derecho.
En ese sentido, indicó que la Administración municipal ejerce este cobro con base en la información catastral disponible, pero los usuarios ya no se ven obligados a pagar cantidades exorbitantes, como ocurría en el pasado.
