Aunque el fallo se dará a conocer este jueves, el exmandatario pidió en una carta a la CIDH interceder en sus derechos.
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El expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de «rebelión» y «conspiración», seguirá detenido en una base policial luego de que un tribunal de apelaciones declarara infundado este martes su pedido de libertad mientras continúan las protestas que han dejado siete muertos y 200 heridos. El juez César San Martín decidió «declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado», que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el pasado miércoles.
El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga pues Castillo intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso. El exmandatario permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este jueves, cuando se celebrará una audiencia a las 8:30 horas locales para decidir su suerte.
La fiscalía abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, algo que calificó como «humillación y maltrato».
«Castillo pidió en su cuenta de Twitter, a través de una carta, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que «interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia» y que hace «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país».
En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: «Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá».
«Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo. «Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión», acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori.
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos. El Poder Judicial extendió por 48 horas más su prisión preventiva.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución. Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente, mismas que han derivado en la salida del ejército a las calles para controlar la situación.
(Con información de Excélsior)
