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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante un juez federal a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles, según confirmaron a Animal Político representantes legales de las personas acusadas.
Este caso se deriva de una carpeta de investigación distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos públicos de Segalmex para la compra de certificados bursátiles, hecho por el que ya fue vinculado a proceso un exfuncionario.
La fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra exservidores públicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de Segalmex, pero ninguna en contra de Ignacio Ovalle, a pesar de que este fue titular de dicha institución —y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados— durante el año en que se cometieron los supuestos delitos.
Ovalle no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en Segalmex, Diconsa y Liconsa durante su gestión, las cuales significaron un daño al erario por 9 mil 500 millones de pesos. Solo fue removido del cargo de director y designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La nueva carpeta de investigación de la FGR indaga una contratación del 24 de abril de 2020 a la razón social Servicios Integrales Carregin, SA de CV, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.
La compra fue solicitada por la Unidad Operativa de Segalmex en Querétaro como parte del Programa de Abasto Rural —que tiene la finalidad de garantizar a familias pobres el acceso económico a productos de la canasta básica— y se efectuó con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de COVID-19.
La FGR sostiene que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a Carregin, sin que la empresa haya entregado la totalidad del producto comprometido, amén de que no hubo un contrato formal que amparara la adquisición, sino solo una “hoja de pedido”.
Además, la fiscalía afirma que existió un acuerdo entre exfuncionarios y empresarios para favorecer específicamente a ese proveedor, que fue contratado de manera directa y sin licitación de por medio.
Los exservidores públicos de Segalmex fueron acusados por la FGR de los presuntos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del uso indebido de atribuciones y facultades.
Los exfuncionarios acusados
Una de las nuevas órdenes de aprehensión fue girada en contra de René Gavira Segreste, quien fue director de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa entre diciembre de 2018 y el 30 de junio 2020, y quien ya fue vinculado a proceso por el presunto uso irregular de recursos públicos para la adquisición de certificados bursátiles fiduciarios privados.
Otros exfuncionarios que busca aprehender la FGR son Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente en la Dirección Comercial encargado de la programación de adquisiciones, y Jesús Morales Garza, exgerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar.
Los nombres de estas personas, junto con el de Gavira, figuran en la “hoja de pedido” de las 25 mil toneladas de azúcar a favor de Carregin.
Pero la Fiscalía también solicitó la aprehensión de Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos; Juan Bautista Rojas Fontes, exgerente de Control Presupuestal; José Rafael Domínguez Ortiz, exsubdirector de Tesorería General; Carlos Peralta Aburto, exsubgerente de Presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora corporativa de Gerencia de Presupuestos en la Dirección de Finanzas, y José Rosalio Hernández García, excoordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores.
La FGR también busca aprehender a exmandos regionales, como Hugo Armando Rosas Medina, exsubgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Jorge Humberto González Bocardo, exsubgerente de Abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; José Elías Ávila Peña, exjefe del Almacén Rural de La Luisiada, Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato, y Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.
La empresa señalada
Servicios Integrales Carregin se constituyó el 4 de octubre de 2018 con domicilio fiscal en un domicilio particular de la calle Enrique Bordes Manguel, colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, con un capital de 50 mil pesos y con 60 objetos sociales que incluyen la construcción, el transporte, las asesorías, el diseño y la publicación de textos.
La empresa no tuvo actividad comercial sino hasta 2020, precisamente con Diconsa. Además de la compra de azúcar por hasta 465 millones de pesos, entre 2020 y 2021 obtuvo de esta empresa paraestatal otros 178 contratos con valor de 148.8 millones de pesos para surtir productos a varias unidades operativas estatales en el sureste mexicano.
Como parte de la carpeta de investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra seis miembros de esta compañía: Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colin, ambos accionistas, y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adrián Jiménez Tinoco, todos ellos apoderados.
La fiscalía también busca aprehender a otros dos empresarios que forman parte de una compañía de prestación de servicios y otra de transportes.
(Con información de Animal Político)
