Juan Antonio Martínez Barrios
El “decomiso histórico” y la pifia
Todo apunta a que se trata de una “pifia histórica” el operativo de la semana pasada por parte de la Fiscalía General de la República mediante el cual habría logrado un “decomiso histórico” de una enorme y sin precedentes cantidad de hidrocarburos en el Estado de Guanajuato a una empresa con sede en Torreón.
Después de una semana, la Fiscalía no ha presentado las pruebas correspondientes, a pesar de estar obligada a ello. La investigación ya fue atraída y corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que no ha terminado de revisar la documentación de los clientes de la terminal, entre los que se cuentan Exxonmobil y el mismo Pemex. Por lo tanto se mantiene la condición de presunta inocencia para los representantes de la lagunera Simsa y su filial Gas Natural del Noreste. Por el contrario, los empresarios Salomón y Nessim Issa Tafich que demostraron tener vigentes los permisos federales de operación, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo con su postura, el combustible encontrado en sus instalaciones o terminal de San José Iturbide, Guanajuato, no son de su propiedad sino de sus clientes, quienes son los responsables de acreditar la legalidad fiscal y procedencia de los cargamentos.
El sonado caso de los 59 millones de litros de presunto “huachicol fiscal” llegó hasta la Presidencia de la República. Ante la ausencia de pruebas y evidencias, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que solicitó a la FGR informar qué motivó el aseguramiento –no decomiso– de los 59 millones de litros de combustible en la terminal guanajuatense; que aclare las inconsistencias prevalecientes en torno al operativo; que la FGR explique la legalidad o ilegalidad del hidrocarburo y sustente su intervención. Porque hasta ahora el “golpe” contra el presunto huachicol fiscal no ha dejado de constituir un espectáculo de alcance nacional. Localmente cámaras, asociaciones y empresarios se solidarizaron y otorgaron su respaldo a la familia Issa Tafich. Otros aprovecharon para publicar que son protegidos del PAN –en Guanajuato gobierna Acción Nacional—y hasta ligar el apellido Tafich con personajes presuntamente relacionados con delincuencia organizada.
Lo puntual es que no se ha acreditado la ilegalidad del combustible ni hay detención de personas. Hasta ahora y mientras la Fiscalía no presente pruebas, todo apunta a que se trató de una pifia histórica.
