Federico Berrueto
La prospectiva electoral, como pocas veces, enfrenta una incertidumbre tal que hacer pronósticos electorales quizás sea ocioso. Para empezar, no hay certeza de que Morena siga existiendo como organización política electoral. Su suerte no la resolverán los ciudadanos en las urnas, sino la justicia y, todavía peor, la norteamericana, con todas sus implicaciones; incluso por decisiones al margen de la resolución de un tribunal. Una eventual determinación del FinCEN, del Departamento del Tesoro, de considerarla organización terrorista extranjera bastaría para acabar con Morena.
Bajo el supuesto de que nada sucederá en el frente judicial y de que las cosas transitarán a deseo el régimen político, está a la vista que las elecciones de 2027 serán muy diferentes a las de 2024. Para empezar, el deterioro de la institucionalidad electoral, tanto en la organización de los comicios como en la regulación de campañas y la resolución de controversias, registra un giro significativo hacia la parcialidad y control gubernamental. El sistema electoral actual tiene más semejanza con el de 1988 que con el que existía en la primera alternancia en la Presidencia de la República o incluso con el de 1997, cuando surgió por primera vez el gobierno dividido.
Un capítulo imposible de soslayar es la interferencia del crimen organizado en los comicios. La elección de 2021 fue un precedente que apunta más a la asociación que a la simple connivencia entre candidatos oficialistas y grupos criminales. Las elecciones en Sinaloa y Michoacán dejaron evidencia verificable y, ahora, en aquel estado sirven para imputar a diez funcionarios acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyo titular, Jay Clayton, es el ahora responsable del sistema nacional de inteligencia. Legalidad, judicialización e inteligencia son los recursos contra los narcopolíticos mexicanos, postura confirmada por la zar antidrogas Sara A. Carter.
El deterioro de la confiabilidad e imparcialidad de los órganos electorales ocurre cuando el sistema de partidos padece su mayor crisis. En el caso de la organización política gobernante, es discutible que Morena sea un partido político. Su origen y existencia corresponden a un movimiento creado, primero, para llevar al poder a López Obrador, y después para mantenerlo como el líder indiscutible, incluso tras concluir su presidencia. Hasta hoy, y la presidenta Sheinbaum participa de ello, el líder fundacional persiste como articulador del proyecto y de la cohesión interna, además de ser referente, más que de identidad, de devoción. Cualquier semejanza con una secta o con un movimiento religioso no es casual.
Pero Morena ya no es la de dos años atrás; el líder ha cambiado, y su afectación no deriva de la marginalidad institucional, sino de la pérdida del piso moral que lo sostenía, además del desastre de país que heredó prácticamente en todos los ámbitos. Incluso simpatizantes y seguidores de origen saben y entienden que algo está descompuesto en la cúpula debido a la corrupción, imposible de mitigar porque la impunidad se ha vuelto condición de existencia del régimen. La presidenta remite a encuestas para hacer ceer que nada ha sucedido, todo es normal.
Por su parte, la oposición atraviesa uno de sus peores momentos, justo cuando el país más la necesita. Es una paradoja que sea el PRI el que mejor entienda su condición de opositor; paradoja porque, por origen e historia, ha sido la fuerza política para ejercer el poder, no para oponerse. La dirigencia de MC es ostensiblemente funcional al régimen, aunque no sus coordinadores parlamentarios o gobernadores. La dirigencia del PAN mantiene una postura sospechosamente omisa y ambigua; el apoyo a la ratificación de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, acentúa la duda.
La oposición más vigorosa no se presenta en el plano institucional, sino más allá de él, en lo social. Michoacán y Chihuahua así lo consignan, mientras que los resultados de Coahuila revelan que el descontento decanta en las urnas y, por tanto, en los partidos. La duda es si persistirá la división o si suscribirán coaliciones en territorios que pueden significar la derrota del partido gobernante, como Michoacán, Nuevo León, Campeche, Zacatecas y Sinaloa.
Existen razones para que las oposiciones concurran de manera independiente. En ese escenario, Morena disminuiría su porcentaje de votos, pero aumentaría su posibilidad de triunfo en distritos y elecciones de alcaldes y gobernadores. Es decir, la oposición dividida no es la mejor fórmula en contiendas de mayoría simple; tampoco las coaliciones opositoras necesariamente potencian la votación de las partes; incluso pueden disminuirla, pero la suma amplía las posibilidades de triunfo en distritos, estados y municipios.
