Simón Vargas Aguilar*
La seguridad nacional exhibe fracturas
El pasado 19 de abril, en las carreteras de la Sierra Tarahumara, específicamente en el municipio de Morelos, Chihuahua, un vehículo que regresaba de un operativo antidrogas aparentemente se precipitó por un barranco y explotó. Cuatro personas perdieron la vida, dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos estadounidenses adscritos a la embajada de Estados Unidos.
Hasta ese momento, las autoridades locales hablaron de un “accidente vial” durante una misión de destrucción de laboratorios clandestinos de metanfetaminas; incluso el fiscal estatal, César Jáuregui, minimizó la participación extranjera, describiendo a los estadounidenses como “instructores” que sólo capacitaban al personal local. Pero la realidad, revelada por The Washington Post, The New York Times y otras fuentes estadounidenses es mucho más grave, ya que los dos fallecidos supuestamente eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) operando en territorio mexicano como parte de un rol ampliado en la lucha contra el narcoterrorismo.
Hasta este momento, no hay indicios públicos de un ataque directo del crimen organizado, aunque la opacidad imperante impide descartar cualquier hipótesis; lo que sí es innegable es que este hecho expone fallas estructurales en las políticas de seguridad nacional mexicana y, además de ello, lo que resulta difícil de comprender es la total falta de transparencia por parte de las instancias gubernamentales y de seguridad.
A pesar de contar con una excelente coordinación interinstitucional, o al menos eso menciona la administración federal, nadie ha explicado con honestidad qué ocurrió exactamente, y por supuesto que las dudas surgen: ¿fue un mero accidente o un posible ataque por parte del crimen organizado? ¿Qué hacían exactamente dos supuestos agentes de la CIA en Chihuahua? ¿Quién autorizó su presencia? ¿Existe un acuerdo formal entre el gobierno estatal y Washington? Hasta ahora, sólo hay silencio, contradicciones y evasivas.
Esta opacidad exhibe a todos los involucrados; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que su gobierno “no sabía” de la operación ni de la presencia de extranjeros en el territorio mexicano. Si Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sabía de esta operación, ¿no le informó? ¿O él tampoco estaba enterado? ¿O acaso el secretario de la Defensa Nacional y el resto del gabinete de seguridad federal sí estaban enterados y optaron por rechazar la verdad? Estamos ante un escenario donde la negación se está convirtiendo en política de Estado, pero lo más peligroso es que incluso si el gobierno federal realmente desconocía los detalles, estamos frente a un problema de coordinación inaceptable.
Por otro lado, en cuanto al rubro estatal, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dio a entender que sí estaba enterada; Campos no es subordinada de la Presidenta; es una mandataria estatal electa, pero precisamente por eso, por cortesía institucional y por elemental responsabilidad ante la soberanía nacional, debió haberle comunicado al Ejecutivo federal la operación que involucraba a personal extranjero. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuántas operaciones más han quedado en la opacidad? ¿Cuántas veces se ha permitido que agencias estadounidenses operen en territorio mexicano sin el conocimiento ni la aprobación del gobierno central?
Esta falta de transparencia no es un caso aislado: basta un recuento rápido para entender el patrón, y es que recordemos que en enero de este año, el propio director de la Oficina General de Investigaciones, Kash Patel, mencionó que un grupo de elite, el mismo que actuó contra Nicolás Maduro, detuvo a Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense acusado de dirigir una red transnacional de narcotráfico.
O las declaraciones del presidente Donald Trump, quien presumió haber “eliminado al principal narco mexicano” en alusión a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho; por otro lado, no podemos olvidar el caso más emblemático: la detención de El Mayo Zambada, rodeada de versiones contradictorias sobre la participación estadunidense, acuerdos secretos y traiciones internas.
En todos estos episodios, la sociedad mexicana ha recibido poca información, mientras los acuerdos bilaterales pareciera se realizan en la opacidad. Los riesgos son eminentes, y es que los supuestos elementos de la CIA no murieron durante el operativo mismo; fallecieron en el camino de regreso, en un contexto que evoca tragedias pasadas.Recordemos el caso de Enrique Camarena, agente de la DEA torturado y asesinado por el crimen organizado en 1985; este episodio tensó las relaciones bilaterales.
Hoy podríamos estar ante un caso de consecuencias aún mayores, ya que los hechos de Chihuahua, sin duda, agravarán la relación bilateral; Estados Unidos, bajo la administración Trump, ya exige respuestas por la muerte de sus agentes. Mientras los gobiernos cruzan comunicados y citatorios, la sociedad mexicana se queda con la incertidumbre. No olvidemos que como decía San Juan (8:32), y posteriormente San Agustín de Hipona: “la verdad os hará libres”.
Hoy, esa verdad sigue puesta en duda entre contradicciones oficiales y acuerdos opacos. La soberanía no se negocia en la sombra, y la seguridad nacional no puede ser un secreto de Estado que sólo se revela cuando hay muertos. La opacidad, en este caso, no sólo mata; también corrompe la democracia.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
