Jessica Rosales
Normalizar las agresiones contra la prensa pone en riesgo al periodismo
Cuando un funcionario, un político o cualquier figura pública recurre al insulto, a la intimidación o a la descalificación contra periodistas, no solo agrede a personas: erosiona un principio esencial de la vida democrática, el derecho de la sociedad a estar informada.
El caso reciente exhibido en Piedras Negras, donde desde el poder se lanzaron expresiones ofensivas y amenazantes contra la prensa, no es un hecho aislado; ocurre en todo el país y de manera constante, por lo que debería encender una alerta más amplia. No se trata de un conflicto personal ni de una diferencia editorial. Es la normalización de una narrativa que busca desacreditar el oficio periodístico y colocarlo como adversario, cuando en realidad su función es otra: documentar, contrastar y cuestionar.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2023 se documentaron más de 500 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una cada 16 horas. En 2022 fueron asesinados al menos 12 periodistas, una de las cifras más altas a nivel mundial. La violencia no siempre llega en forma de bala; muchas veces inicia con la palabra: con el señalamiento, el descrédito y la estigmatización desde el poder.
Esto no puede normalizarse ni minimizarse. La libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y cualquier acto de intimidación, hostigamiento o agresión, verbal o simbólica, contra periodistas constituye una vulneración grave a estos principios.
Actualmente, en medio de los conflictos políticos, las y los periodistas han sido colocados en una posición vulnerable, convirtiéndose en blanco de ataques, insultos y señalamientos que rebasan los límites del respeto institucional, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias.
Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, no ideal, pero sí distinto, en el que las diferencias entre actores públicos y periodistas encontraban cauces institucionales. El derecho de réplica se reconoció en la Constitución desde 2007, pero antes de eso ya había medios que aplicaban este derecho. En los medios impresos, las versiones de funcionarios o actores señalados se publicaban en ocasiones junto a la versión del reportero, si sostenía o no una evidencia su publicación, en un ejercicio básico de equilibrio informativo. No era concesión: era responsabilidad compartida.
Ese puente comenzó a fracturarse cuando el poder optó por judicializar la crítica. Demandar a periodistas se convirtió en estrategia. No para ganar en tribunales necesariamente, sino para desgastar. Porque se sabe, y se aprovecha, que la mayoría de reporteros no cuenta con respaldo legal robusto ni con recursos para enfrentar procesos largos o multas desproporcionadas.
Y luego llegaron las redes sociales. Lo que pudo haber sido una herramienta para democratizar la conversación pública terminó amplificando el discurso de odio. Hoy, la descalificación no solo proviene de funcionarios, sino que se multiplica en ejércitos digitales, en comentarios anónimos, en campañas de desprestigio que buscan anular la credibilidad del mensajero cuando no se puede refutar el mensaje.
En ese contexto, el riesgo es doble: por un lado, periodistas expuestos y vulnerables; por otro, una sociedad desinformada o atrapada en narrativas polarizadas donde la verdad se diluye. Porque cuando se debilita al periodismo, no pierde el reportero: pierde la ciudadanía.
Urge redignificar el oficio. Y esa tarea no es exclusiva de quienes ejercen el periodismo. Es un compromiso de todos los actores públicos. Del poder político, que debe entender que la crítica no es agresión, sino contrapeso. De las instituciones, que están obligadas a garantizar condiciones para el ejercicio libre de la prensa. Y también de los propios medios, que deben sostener estándares éticos, rigor y responsabilidad.
Se necesita reabrir el diálogo. Recuperar el respeto. Entender que periodistas y funcionarios no son enemigos, pero tampoco aliados en el sentido complaciente del término. Son actores distintos en un mismo ecosistema democrático. Uno gobierna; el otro observa. Uno decide; el otro documenta. Y en esa tensión necesaria e incómoda se construye el equilibrio.
El periodismo no está para defender bandos. Está para contar hechos, para señalar lo injusto, para abrir espacio a todas las voces. El derecho de réplica sigue ahí, en la ley, esperando ser utilizado como herramienta de diálogo y no sustituido por el insulto o la amenaza.
Porque cuando el poder decide gritar en lugar de argumentar, algo se rompe. Y cuando la prensa es denigrada sistemáticamente, lo que se pone en riesgo no es una profesión, sino el derecho colectivo a la verdad.
Defender el periodismo no es un acto corporativo. Es, en el fondo, un acto de defensa propia como sociedad.
