Federico Berrueto
En los órganos colegiados se desarrolla sentido de cuerpo. No siempre la cohesión es total; las diferencias de formación, origen y visión vuelven comunes posturas diferenciadas, pero casi siempre prevalece el sentido de unidad respecto a la institución. El sistema de designación de la integración de este tipo de entidades lleva a un régimen de renovación gradual, sea la Suprema Corte, la sala superior del Tribunal Electoral, la Junta de Gobierno del Banco de México o el Consejo General del INE, entre otros órganos autónomos. El método reviste más virtudes que defectos al impedir giros radicales por la renovación y permitir que las nuevas designaciones participen de un proceso de adaptación.
El Consejo General del INE tuvo en abril pasado un cambio importante. Lorenzo Córdova, consejero presidente, y los consejeros Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama concluyeron su gestión. En su lugar llegaron Guadalupe Taddei, quien ingresó al INE en 1992 y desde 2014 se desempeñaba como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora; la abogada Rita Bell, ex consejera electoral en Oaxaca; Arturo Castillo, proveniente del Tribunal Electoral y Jorge Montaño, fiscal especializado en delitos electorales de Tabasco. También, en 2020, ingresaron Carla Humphrey de la UIF, Uuc-kib Espadas, Norma de la Cruz y Martín Faz. El INE ha perdido el sentido de independencia que le imprimía Lorenzo Córdova, ha sido ambiguo en la regulación de precampañas y ha sido complaciente ante el presidente López Obrador y su intervencionismo en la elección.
La mayoría de los actuales integrantes del INE han sido designados en las legislaturas dominadas por Morena. Sin embargo, tal como ocurre con la Corte, hay casos de independencia del gobierno. Un consejero de excepción es Uuc-kib Espadas, académico respetado y respetable, quien coincidió en algún momento con López Obrador en el PRD. Es singular su libertad de criterio, rigor y honestidad intelectual, igual que la del ministro Juan Luis González Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia cuando aquél era Jefe de Gobierno del DF. No son casos únicos en ambos órganos, pero su experiencia y conocimiento del presidente les permite entender con más profundidad y dilatado horizonte al ahora poderosísimo gobernante y sus pulsiones políticas.
Carla Humphrey ha sido promotora de los lineamientos de equidad de género en las decisiones del Consejo; la expresión “paridad en todo” la infiere de la reforma constitucional de junio de 2019. El Tribunal Electoral ha tenido a bien aclararle que el Consejo General del INE no es un órgano legislativo y ha revertido parcialmente sus decisiones. Los lineamientos del INE se justifican políticamente por la omisión del Congreso federal y de los estados a legislar en la materia. Los vientos del populismo llegan a las instituciones electorales en forma de un opinable feminismo producto de confusión en algunos y oportunismo en otros.
Ayer en este espacio se consignaba erróneamente que por unanimidad en noviembre de 2021 el consejo del INE determinó que se postularan al menos 7 mujeres en los 15 estados con elección en 2022. Hubo dos votos en contra, el de los consejeros Espadas y Ruiz. El Tribunal revocó la decisión y vinculó a los Congresos federal y locales a legislar en la materia, aunque sostuvo que los partidos debieran postular al menos 7 candidatas.
En días pasados se ha repetido la misma situación. Los criterios se han enriquecido con el concepto de competitividad a manera de asegurar que las mujeres puedan participar en entidades con mayores probabilidades de triunfo, además de la alternancia de género para cargos unipersonales, lo que afecta el derecho a ser votado. El problema ahora es que tres estados en elección de gobernador en puerta, Yucatán, Jalisco y Puebla ya legislaron en la materia y los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, definieron reglas en materia de equidad y competitividad.
Nuevamente, el consejero Espadas señala razonadamente que el INE no puede asumirse legislador, criterio hecho propio por los partidos, aunque por razones más relacionadas a la competitividad que a la legalidad. Un logro que se pospusiera la votación; de no modificarse el acuerdo a aprobar por el Consejo General, seguramente el Tribunal Electoral reivindicará la argumentación de Uuc-kib Espadas, que lo ratificaría como consejero de excepción. Corresponderá en su momento al constituyente y a los congresos determinar los alcances y la aplicación de la equidad de género.
