En un país donde la violencia del narcoterrorismo ha dejado cicatrices profundas en segmentos sociales económicos y de seguridad de la nación, cualquier iniciativa que promueva la cooperación internacional efectiva es una necesidad urgente, es así que el pasado sábado 6 de junio de 2026, durante la cena de gala anual de la American Society of México (AMSOC) con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América, su presidente, Larry Rubin, planteó dos propuestas fundamentales que merecen ser colocadas en el centro del debate público.
La primera, que la American Society of México debe continuar abonando a la buena relación bilateral y fortalecer la cooperación económica, en el espíritu de libertad, amistad y prosperidad que celebra este histórico aniversario. La segunda, y quizá la más trascendente en el contexto actual, la conformación de un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), un mecanismo binacional significativo por la participación de la sociedad civil organizada, especialmente ante los complejos momentos de narcoterrorismo que enfrentamos tanto en México como en Estados Unidos de América y el mundo.
El TLCC buscaría promover mecanismos de inteligencia compartida, protocolos de extradición agilizados, programas conjuntos de prevención del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, iniciativas de desarrollo económico alternativo en zonas vulnerables y un marco jurídico binacional que supere las limitaciones de los acuerdos actuales. En esencia, transformaría la lucha contra el narco de una serie de operaciones aisladas en una estrategia integral y sostenida.
La relevancia de este tratado adquiere mayor urgencia ahora que el presidente Donald Trump ha decidido no renovar el T-MEC, la cancelación de este acuerdo comercial representa un golpe significativo a la economía y desarrollo mexicanos, que depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos. Sin el T-MEC, México enfrenta riesgos de contracción económica, pérdida de empleos en sectores claves como el automotriz y manufacturero, disminución de la inversión extranjera y una mayor vulnerabilidad ante presiones arancelarias.
En este escenario de incertidumbre económica, el narcoterrorismo actúa como un acelerador de la crisis, y es que las organizaciones criminales no sólo controlan rutas de tráfico, sino que extorsionan a productores, secuestran transportistas, cobran “cuotas” a empresas y generan un clima de inseguridad que ahuyenta la inversión. Según datos actuales, la violencia asociada al crimen organizado ha reducido el PIB en regiones enteras, ha incrementado los costos logísticos del comercio y ha dañado cadenas de suministro que antes fluían con relativa normalidad entre ambos países.
El narcoterrorismo ha afectado de manera devastadora a miles de familias que han perdido a sus seres queridos por desapariciones forzadas, homicidios y reclutamiento de jóvenes y niños; incluso comunidades enteras viven bajo el yugo del miedo, con escuelas cerradas, comercios abandonados y migración masiva. La indiferencia social y la debilidad institucional han permitido que el crimen organizado se infiltre en estructuras de poder erosionando la confianza en las instituciones democráticas. En este contexto, el TLCC no es sólo un tratado de seguridad; es un instrumento de protección a los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños y jóvenes, quienes han sido expuestos al reclutamiento, mujeres víctimas de trata y empresarios honestos asfixiados por la extorsión.
La necesidad de trabajar en equipo entre países como Estados Unidos, México y otras naciones aliadas, es una lección que la historia reciente nos ha enseñado una y otra vez; un ejemplo es la colaboración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, acompañada del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y de la secretaria del Departamento de Agricultura de ese país, Brooke L. Rollins, resaltó los esfuerzos conjuntos para combatir la plaga del gusano barrenador. Esto demuestra que, cuando existe voluntad política y coordinación técnica, es posible enfrentar amenazas comunes con eficacia, si podemos unir fuerzas contra un insecto destructor, ¿por qué no hacerlo contra el narcoterrorismo que destruye vidas, familias y futuro?
La retórica de “soberanía” no puede convertirse en excusa para la inacción, México ha pagado un precio demasiado alto por políticas públicas que han dejado un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos. La sociedad civil mexicana, la Iglesia católica que acompaña a las madres buscadoras, los sectores productivos y otras asociaciones religiosas exigen resultados concretos. El TLCC representa una oportunidad para pasar de la confrontación vacía a la cooperación madura, porque incluirá no sólo aspectos represivos, sino también preventivos.
La cancelación del T-MEC no debe verse únicamente como una amenaza, sino como una oportunidad para renegociar una relación bilateral más profunda que integre seguridad, comercio y desarrollo humano. México enfrenta un momento complejo y definitivo, o avanzamos hacia una cooperación binacional que proteja a nuestras familias, impulse nuestra economía y restaure la paz, o seguiremos lamentando tragedias que ya son evitables. La verdadera libertad y prosperidad se construyen juntos, con voluntad política y acción decidida, no podemos fallarles a las generaciones que merecen un México en paz.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política.
