Federico Berrueto
Por las razones que sean hay cambios en ciertas acciones del gobierno y, seguramente, habrá más. Es decisión de la presidenta Sheinbaum corregir al pasado, pero sin mucho ruido para no alterar el equilibrio en la coalición gobernante. Ella ha probado resiliencia; el de Tabasco, no se sabe. El cambio más evidente es en el plano de seguridad pública. También en modificar la relación económica con China que se fue deslizando con discreción a lo largo del gobierno de López Obrador.
La política de abrazos no balazos y la militarización en materia de seguridad es un legado que la presidenta Sheinbaum está decidida a modificar. Los resultados no se verán de inmediato, pero sí cambian las coordenadas de la política de seguridad en muchos lugares donde el crimen impera; las detenciones y las incautaciones de droga se incrementan. La marina ha confiscado 11.7 toneladas de cocaína en lo que va de octubre y la cifra sigue en aumento. Queda la duda si continuará con la protección a autoridades coludidas con el crimen organizado, notablemente en Sinaloa y Guerrero; el operativo enjambre de estos días en el Estado de México es indicativo de que las cosas no serán igual.
Efectivamente, las detenciones de criminales se han ampliado y los operativos van en aumento. Las autoridades locales junto con las federales proceden a detener a los responsables de muchos de los casos emblemáticos recientes, como el homicidio del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, y los perpetradores de los homicidios en el bar Los Cantaritos de Querétaro y en el bar Bling Bling de Cuautitlán Izcalli.
La ruta a la pacificación del país apunta a combatir la impunidad, contrario al gobierno anterior. Para López Obrador la criminalidad es resultado del sistema económico; por lo mismo, la manera de abatirla es combatiendo la pobreza y la desigualdad. En su perspectiva, actuar con firmeza llevaría al enfrentamiento e incremento de la violencia. Los números de la criminalidad no le dan la razón, el problema creció y se complicó porque el crimen se fue apoderando de territorios y negocios, además de diversificarse en sus actividades criminales y haciéndose del control de autoridades y fuerzas del orden. El saldo es claramente negativo en todos los sentidos, además expone al país gravemente; la omisión lleva a que las autoridades de EU actúen unilateralmente, como fue el secuestro y detención de El Mayo Zambada.
Un aspecto adicional, la decisión de que la coordinación de la estrategia general esté en manos de un civil. Dirección, inteligencia y capacidad legal para investigar en manos de la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch son contrarias a la deriva militarista del sexenio pasado. Notable que la decisión de empoderar por la vía legal al secretario fuera aprobada por unanimidad, resultado del clamor generalizado por un gobierno que enfrente al crimen.
En el ámbito internacional, el arribo al poder de Donald Trump y su movimiento obliga a la presidenta Sheinbaum, sin hacer mucho ruido, a preparar a su gobierno para el nuevo entorno. Este sábado Salvador García Soto, uno de los columnistas mejor informados, en su espacio en El Universal refiere a la creación de una suerte de cuarto de guerra para prepararse en los temas de migración, seguridad y comercio. Queda por ver si los convocados están a la altura del reto y si las acciones recomendadas son suficientes para contener la previsible embestida.
Públicamente la presidenta Sheinbaum minimiza la amenaza que representa el nuevo entorno internacional. Por ejemplo, no entendió o tergiversó la postura del premier de Canadá, Justin Trudeau, en el encuentro que tuvieron en Brasil en el marco del G20. Trudeau tuvo que corregir públicamente a la presidenta y hacer pública su amenaza que, si México no actúa respecto a las importaciones chinas, su postura es la de revisar la presencia del país en el acuerdo comercial.
No hay un cambio en lo sustantivo respecto al pasado; la circunstancia ha obligado a los ajustes, seguramente, vendrán muchos más, siempre cuidando la autoridad y el proyecto político de López Obrador y, en los asuntos fundamentales, suscribir en los términos que él señaló: la reforma al poder judicial federal y a la Corte, la extinción de los órganos autónomos y, por encima, la postura militante de la presidencia de la República. La realidad no hace concesiones y ha obligado a modificaciones a la herencia del pasado.
