Federico Berrueto
Fuera de todo lugar pretender que las condiciones deplorables de violencia e inseguridad cambien de un día para otro. El nuevo gobierno tiene poco más de tres semanas y es difícil que haya un cambio; al contrario, es de esperar que la ola delictiva continúe, especialmente en los territorios con una descomposición mayor, como en muchas partes del país.
La estrategia de seguridad de los primeros 100 días refiere a los territorios donde habrá intervención inmediata. Seguramente para estas fechas la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch deberán tener mayor claridad sobre el tamaño del reto y la fragilidad de las policías locales y municipales en el abandono total y con dificultades mayores para recuperarlas en plazo perentorio.
Si se trata de utilizar en todo el país el modelo de seguridad que tuvo éxito en la Ciudad de México debe incluir no sólo la inteligencia y la coordinación entre distintas dependencias, también la integridad y capacidad de quienes tienen que actuar en territorio, las policías. El problema es la capacidad operativa que corre a cuenta de órganos de seguridad local, problema grave porque donde la situación se ha vuelto inmanejable, simplemente no hay nadie confiable con quien coordinarse más allá de las fuerzas federales o de la FGR.
No se puede ignorar que el deterioro de la seguridad implica casi siempre, la connivencia o negligencia a los mandatarios locales, algunos con años en el gobierno, como Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Evelyn Salgado de Guerrero y Rutilo Escandón de Chapas. Los gobernadores en lugares críticos que recién inician, Margarita González de Morelos, Libia Denisse García de Guanajuato y Eduardo Ramírez de Chiapas reciben una grave descomposición de la seguridad.
El problema no está en los medios que dan atención a los eventos de la inseguridad. El recurso de hostigarles y reclamarles por la cobertura que hacían de los hechos de inseguridad fue práctica regular del presidente López Obrador y replicado por algunos gobernadores afines. Caso singular el de Rubén Rocha Moya, quien ha llegado al extremo de acusar de lo que pudiera sucederle e insultar a periodistas que han dado atención al supuesto viaje del mandatario a EU el día que asesinaron a Melesio Cuén.
La investigación de los hechos de Sinaloa por la FGR realizada con celeridad, claridad y eficacia han dejado política y jurídicamente expuestas a las autoridades locales. En estos días se confirmó que el diputado electo y rival político del gobernador, Melesio Cuen, fue asesinado en la finca donde ocurrió el secuestro de El Mayo Zambada y no como habían sostenido las autoridades que había ocurrido en un asalto. La FGR ha expuesto no sólo las faltas elementales en la investigación por las autoridades locales al encubrir un homicidio delicado en extremo y en circunstancias muy graves por sus implicaciones. Un problema no menor es que la investigación corrobore lo señalado por El Mayo, quien también refirió que en dicho lugar estaría el gobernador Rocha.
Es explicable para no contribuir a la crisis de autoridad en el Estado que la reacción primera de las autoridades federales fuera blindar al mandatario. Sin embargo, no basta el dicho y la palabra jurada de un gobernador, particularmente por la investigación de por medio y no se pueden anticipar conclusiones hasta que la FGR avance. La presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch deben esperar a los resultados de las indagatorias de la Fiscalía, cada vez más comprometedora para las autoridades locales. Como también ocurriría en la investigación de los homicidios recientes de las autoridades municipales de Chilpancingo o en el de la ejecución del sacerdote Marcelo Pérez el pasado domingo en San Cristóbal, Chiapas.
Es tarea de los medios dar cobertura y realizar la investigación periodística a todo asunto de interés público y es tarea de las autoridades aportar información sin que comprometa a las indagatorias criminales. La sociedad tiene una responsabilidad para abatir la impunidad y la función de los medios de información son un recurso mayor.
Encomiable que las autoridades nacionales se aparten del precedente de descalificar el trabajo periodístico, pero no es suficiente. El respeto a la libertad de expresión es un derecho, no concesión del poder. Las autoridades deben actuar con responsabilidad para hacer frente a la inseguridad.
El balance inicial de las acciones contra la inseguridad mostrará tres preocupantes conclusiones: la impunidad como causa mayor de la violencia; la complicidad entre autoridades locales con el crimen organizado y la situación deplorable de buena parte de los sistemas de seguridad pública locales y municipales.
