Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Ciudad de México.- El Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero A.C., ProDeNazas A.C., y el Encuentro Ciudadano Lagunero le informan a la población que el 24 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió, a través de su consejera jurídica, Esthela Damian Peralta, un oficio dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese documento, la ejecutiva federal le indica al Máximo Tribunal del país cómo debe resolver un recurso judicial presentado por CONAGUA directamente vinculado a la protección del Acuífero que funge como fuente de vida y agua de más de un millón de laguneros.
Asimismo, en su comunicado las organizaciones reiteran que el oficio contiene instrucciones precisas para que la Suprema Corte modifique el alcance de la sentencia firme que ordena frenar la sobreexplotación del acuífero en beneficio directo de los grandes concesionarios del agua. La Suprema Corte decidió atraer el asunto y resolverlo, registrándose como Recurso de Queja 11/2026 y turnándolo a la Ministra Lenia Batres para su resolución, lo que hace urgente que la sociedad conozca las instrucciones que la ejecutiva le envió previamente al Tribunal.
En marzo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la ejecutoria del Amparo en Revisión 543/2022, sentencia firme que ordena a las autoridades responsables garantizar la preservación y protección del acuífero. Desde que se dictó la ejecutoria, la CONAGUA y los grandes concesionarios han desplegado una estrategia documentada y reiterada, hasta la fecha sin éxito, para vaciar de contenido la sentencia de la Suprema Corte e incluso dejarla sin efectos. Un patrón claro, reiterado e inocultable de obstaculización al cumplimiento de una sentencia protectora de derechos humanos.
El oficio de la Consejería Jurídica instruye expresamente a la Corte a: redefinir los alcances de la ejecutoria de la Primera Sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la CONAGUA; fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar el trámite de prórrogas suspendido por mandato judicial; y resolver el Recurso de Queja 192/2025 en sentido favorable a los intereses de la ejecutiva federal y de los grandes concesionarios del agua.
Esta intervención del ejecutivo en el Poder Judicial constituye una violación frontal a la independencia judicial que establece que ningún poder del Estado puede indicarle al Poder Judicial como resolver, mucho menos modificando el alcance de una sentencia que protege el derecho humano al agua de más de un millón de personas para beneficiar a grandes concesionarios.
Las organizaciones civiles en defensa del Acuífero hacen hincapié en que este oficio contraviene directamente el propio discurso público de la presidenta Sheinbaum en materia de derechos humanos. Recalcando que la presidenta ha expresado y reiterado públicamente su compromiso de garantizar el derecho humano al agua como una de las prioridades centrales de su gobierno; sin embargo, al mismo tiempo y con su investidura presidencial, opera activamente para obstaculizar y limitar el alcance de una sentencia de la Suprema Corte que ordena a las autoridades frenar la sobreexplotación del acuífero que sostiene la vida de todos los laguneros.
El Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero A.C., ProDeNazas A.C., y el Encuentro Ciudadano Lagunero finalizan su comunicado recordando que no se puede proclamar el derecho humano al agua desde el discurso y al mismo tiempo usar el poder presidencial para proteger a quienes agotan la fuente de ese derecho; “como organizaciones civiles que hemos acompañado durante años la lucha por el agua de la Comarca Lagunera, asumimos el compromiso público de difundir, documentar y denunciar este intento de la presidenta de la república de modificar la sentencia que ordena frenar lo que las autoridades debieron haber impedido desde hace décadas: la sobreexplotación ilegal e irresponsable del acuífero que nos da vida. Los laguneros hemos pagado con escasez, con pipas, con tandeos y con incertidumbre el costo de años de omisión institucional. La Suprema Corte nos dio la razón. Defenderemos esa victoria con toda la fuerza que la ley y la sociedad civil nos otorgan”.
