La Ministra plagiaria y los problemas de la Corte
Carlos Arredondo Sibaja
El caso de la “ministra” (minúscula y comillas obligadas) Yasmin Esquivel ha puesto en evidencia, además de la posible existencia de un “mercado negro” de tesis y títulos en la UNAM, uno de los problemas estructurales de nuestro sistema judicial: la ausencia de un proceso riguroso de verificación de los perfiles considerados para los máximos cargos jurisdiccionales.
La ausencia de un mecanismo de este tipo no es casual, desde luego: construido sobre los cimientos del autoritarismo y heredero de una tradición política para la cual la división de poderes es solo un elemento discursivo, el procedimiento para la designación de quienes integran la SCJN tiene como principal ingrediente el capricho presidencial.
No es México el único país del mundo en el cual el titular del Ejecutivo Federal posee en exclusiva la prerrogativa de proponer candidaturas a la Corte Suprema. En Estados Unidos, por ejemplo, ocurre exactamente lo mismo y, como pudimos atestiguarlo durante el período de Donald Trump, allá tampoco se resiste la tentación de integrar dicho órgano con individuos afines, con el propósito de garantizar la prevalencia de una cierta línea jurídica en las resoluciones emitidas por el máximo tribunal.
Una diferencia importante existe entre nuestro modelo y el de nuestros vecinos: aunque allá también se nominan candidatos a la Corte a partir, sobre todo, de simpatías personales e intereses políticos, las personas nominadas son sometidas a un escrutinio muy severo, el cual puede terminar en el naufragio de la nominación.
El caso más reciente (con algunos parecidos con el de la “ministra” Esquivel) ocurrió en 2005, cuando George Bush hijo nominó a Harriet Miers como reemplazo de la jueza en retiro Sandra Day O’Connor. Miers había sido abogada de Bush y asesora jurídica en la Casa Blanca pero se le descubrió un pecado mortal al escudriñar en su biografía personal: durante un tiempo dejó caducar su licencia como abogada.
Además de ello, la percepción generalizada hacia ella fue la de una persona no calificada para el puesto y por eso fue objeto de una andanada de críticas tras las cuales la propia Miers le solicitó al presidente retirar su candidatura, lo cual finalmente ocurrió.
Más recientemente, el nominado por Donald Trump, Brett Kavanaugh, quien al final logró convertirse en justice de la Corte Suprema, fue sometido a un duro proceso de auscultación el cual incluyó una audiencia en el Senado de los Estados Unidos para escuchar las acusaciones de Christine Blasey Ford, quien lo señaló de haber abusado sexualmente de ella en 1982, cuando ella tenía 15 años y él 17. Al menos una senadora republicana –es decir, del mismo partido del Presidente– se negó a votar por Kavanaugh.
Sin embargo, los escándalos en torno a los nominados por los presidentes estadounidenses son raros, sobre todo por una razón: antes de nominarles desde la propia Casa Blanca se ordena la revisión exhaustiva de sus antecedentes y cuando se descubren cosas inaceptables la candidatura es desechada.
La razón de hacer eso es simple: el Presidente no puede arriesgarse a presentar una candidatura a la cual le estalle en la cara un escándalo a partir de pecados de los cuales debió estar al tanto quien le postuló.
Acá no solamente no se realizan verificaciones exhaustivas de la trayectoria de quienes se pretende llevar a la Suprema Corte de Justicia: si se les encuentran cadáveres en el clóset se les justifica con cualquier argumento.
Yasmin Esquivel nunca debió ser designada para el cargo, pero hoy lo peor no es eso, sino la grosera mancha de su permanencia en el cargo.
¡Feliz Año Nuevo!
@sibaja3
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