Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, este martes se puso en marcha el Juzgado Especializado en Adopciones, un hecho que coloca al Poder Judicial de Coahuila a la vanguardia en la impartición de una justicia más sensible, cercana, especializada y comprometida con el interés superior de la niñez.
En el evento estuvieron presentes el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ing. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, quienes coincidieron en destacar la relevancia de este nuevo órgano jurisdiccional para garantizar el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia de manera digna, oportuna y con pleno respeto a sus derechos.
La especialización responde a la necesidad de brindar respuestas más ágiles, eficientes y humanas en procesos que requieren especial cuidado, sensibilidad y conocimiento técnico, como lo es la materia familiar.
Durante 2025, en Coahuila se iniciaron 156 procedimientos de adopción: 52 promovidos por particulares y 104 relacionados con la adopción de niñas y niños bajo acogimiento residencial; además, se tramitaron 9 juicios de pérdida de patria potestad y 42 procedimientos de certificados de abandono, que beneficiaron a 90 niñas, niños y adolescentes.
La jueza especializada Thalia Esquivel Lumbreras será la encargada del juzgado, el cual operará en modalidad en línea, tendrá su sede en el Distrito Judicial de Saltillo y será competente para conocer todos los procedimientos de adopción que se tramiten en la entidad, así como los juicios de pérdida de patria potestad relacionados con niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento residencial, asegurando en todo momento la protección de su interés superior.
Entre los principales beneficios de este nuevo juzgado se encuentran la unificación de criterios judiciales, la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento residencial, la disminución de costos y traslados para las personas usuarias y una mayor claridad, transparencia y trazabilidad en los procesos.
Todo ello contribuirá a reducir los tiempos de espera que, en muchos casos, representan la diferencia entre una espera prolongada y la posibilidad real de que una niña o un niño pueda integrarse a una familia y construir un proyecto de vida, reconociéndolos como personas titulares de derechos y con voz, identidad y necesidades específicas que deben ser escuchadas y atendidas de manera integral.
