Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- En sesión del Congreso del Estado, y mediante una iniciativa de reforma a la Ley para la Familia de Coahuila, la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila propuso garantizar la igualdad sustantiva y prevenir nuevas formas de violencia económica mediante la protección patrimonial, que dota de eficacia al principio de igualdad entre los cónyuges, garantiza la tutela patrimonial durante el proceso judicial y previene actos de violencia económica que afectan la dignidad y seguridad económica de las personas en procesos de disolución matrimonial.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia económica de la mujer, incluyendo la transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores.
Esta forma de violencia se agudiza durante los procesos de divorcio, cuando una de las partes dispone unilateralmente de los bienes familiares, impide el acceso a recursos financieros o registra propiedades a nombre de terceros con el propósito de evadir responsabilidades económicas.
De acuerdo con Fraustro Dávila, diversos estudios demuestran que los ingresos de las mujeres suelen disminuir entre un 23% y un 40% al año siguiente del divorcio, y que su nivel de vida se reduce en un 45%, mientras que el de los hombres lo hace en un 21%.
La diputada aseguró que esta iniciativa parte de un criterio de justicia distributiva, al reconocer que la protección de los bienes debe hacerse extensiva a cualquier régimen matrimonial, ya sea en la sociedad conyugal o en la separación de bienes, pues ambas tienen en común el proteger y garantizar la eficacia posterior de los derechos controvertidos que vinculan a los cónyuges.
“No se trata meramente de una reforma de carácter técnico, sino que constituye una respuesta ética y jurídica frente a una realidad social que coloca a miles de mujeres en desventaja estructural al momento de disolver su vínculo matrimonial”, dijo la diputada.
Asimismo, se fundamenta en el principio constitucional de protección a la familia y en los compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17), que enfatizan la equidad en la disolución de sociedades conyugales y la prevención de vulnerabilidades económicas en contextos de ruptura familiar.
