Federico Berrueto
Apenas surgió una propuesta de método de la oposición para designar su candidato (a) presidencial y la irrupción inesperada de Xóchitl Gálvez, para advertir que 2024 será una elección con muchos problemas. Un cuadro sumamente preocupante por varias consideraciones, no sólo por la polarización alentada, promovida y manipulada desde el poder presidencial, ni la confrontación de proyectos y la campaña de lodo asociada, sino la parcialidad del gobierno nacional y la ausencia de un árbitro e instancia judicial a la altura de la circunstancia.
Al margen de la ley y de la Constitución las campañas se anticipan. Un fraude a la norma que muchos festejan, otros toleran, pero las autoridades validan. El presidente ratifica su condición de jefe de campaña, de líder político al servicio de una causa, obligando a que todos los afines jueguen, de una o de otra manera el mismo papel. ¿Qué gobernador o funcionario federal invocará el estatuto de imparcialidad al que la ley y la ética democrática obligan, cuando el mismo presidente se ha pintado la cara de Morena?
Una contienda polarizada, con un gobierno parcial y militante, con autoridades electorales omisas o vacilantes son un entorno sumamente preocupante, además de problemático. Desde el poder presidencial se vive un ambiente de guerra, de combate a muerte, de exterminio del adversario, que hace de todo o todos un estás incondicionalmente conmigo o estás en mi contra. El debate público también se polariza y radicaliza. No hay puntos medios, tampoco espacio a terceras vías como pretenden Dante Delgado con MC, o César Augusto con Alternativa, un proyecto de partido que pretende erigirse a partir de candidaturas independientes. Por razones de principio y estrategia la oposición ciudadanizada está obligada a la prudencia.
La judicialización de la contienda se vuelve inevitable. Inexplicable que el presidente que vivió el desafuero hoy se vuelva su promotor. No se trata de la justicia electoral, sino de la justicia penal como vehículo para excluir al adversario. Lo pretendió Fox y fue un grave error. Lo repitió Peña Nieto contra Ricardo Anaya, que sólo sirvió para que su partido y candidato quedaran en el piso de las preferencias y que López Obrador y los suyos rompieran con los equilibrios y la contención del gobierno dividido que irrumpió en 1997. Imposible que prospere la acción judicial. Xóchitl tiene fuero y eso obliga a un procedimiento que la oposición en la Cámara de diputados puede frenar.
El presidente es experto en la difamación. Ninguna figura relevante del espectro político nacional, independiente u opositora, ha dejado de ser objeto de mención calumniosa por el mandatario. Igual sucede con empresarios, periodistas, magistrados, ministros, líderes de opinión, políticos, intelectuales o académicos. La intimidación ha dado resultado y un presidente abusivo se victimiza. La autocensura es el signo de buena parte de la barra informativa en los medios de información con mayor influencia, al tiempo que los factores de contención actúan con timidez.
Un tema relevante de las campañas es el financiamiento, desde ahora desbordado en el campo oficial en la contienda por la candidatura. El presidente les llama a contenerse, pero la competencia se impone, especialmente porque el partido no abrió los espacios para un debate entre contendientes y diálogo con su amplia base social. Se ha dicho que 8 de 10 pesos del gasto electoral están al margen de la legalidad. Así habrá de continuar. Preocupa no sólo la desviación de recursos públicos o financiadores interesados en el futuro favor oficial. El problema que se perfila es el financiamiento del crimen, con todas sus implicaciones para el país.
Por ahora la atención se centra en la contienda presidencial. Subyace el interés de las dirigencias partidistas por la integración de las fracciones parlamentarias. Algunos piensan en la competencia; otros, como los jerarcas del PRI, en el músculo que les ofrece en la futura extorsión desde las Cámaras. Ya se avizora la competencia por las gubernaturas y la jefatura de gobierno, además de la renovación de casi todos los ayuntamientos y Congresos locales. Comicios singularmente complejos en un entorno desafiante pondrán a prueba a la ciudadanía, cuyo mejor recurso es la participación electoral, y a las instituciones de la República en su accidentada e incierta defensa de la legalidad.
