Federico Berrueto
En el país de la impunidad el poder utiliza la justicia penal con interés selectivo y, con frecuencia, político. No es de ahora, ha sido casi siempre. No se trata de aplicar la ley ni de un acto de justicia, se pretende ganar ventaja política, casi siempre contra un adversario incómodo. A pesar de tan añeja tradición, lo acontecido en la campaña presidencial de 2018 representa un ominoso precedente que amenaza repetirse.
La crónica es simple, como también lo fueron quienes tramaron el expediente. El grupo en el poder resolvió que el PRI optara por un candidato filopanista, José Antonio Meade con la idea de que arrastraría el voto de los panistas, además de los priistas. El PRI había obtenido en la elección intermedia 31%, el PVEM 7% y el PAN 22%. Se pensó con supina ligereza que si la mitad de los azules votaran por Meade se ganaría con comodidad la presidencia, particularmente por las divisiones entre los calderonistas y los anayistas.
El presidente Peña compró la idea de echar a Ricardo Anaya de la contienda con la acusación de lavado de dinero y con ello la elección sería entre dos; la polarización llevaría al triunfo a Meade. Así, Ricardo Anaya tuvo que enfrentar una doble confrontación, la derivada de la elección y la que resultó de un caso penal construido con perversidad e incompetencia. El beneficiario fue López Obrador, ganó con mayoría absoluta y de paso se llevó la del Senado y la Cámara de Diputados, además de triunfos en casi todas las elecciones locales concurrentes. Meade, el candidato de Peña, obtuvo 16% de los votos, mucho menos de la mitad del tricolor y el PVEM en 2015.
Dos días antes de concluir Peña, la PGR decidió retirar los cargos contra Anaya por falta de pruebas; el precedente quedó y en otro caso de muy discutible base legal, la declaración a modo de un testigo en búsqueda de beneficios procesales, Emilio Lozoya, la FGR le llamó a declarar con la intención de proceder a su detención. A partir de agosto de 2021 el excandidato presidencial vive exiliado en EU a la espera, una vez más, que las razones de la política cedan a la justicia legal.
Santiago Nieto fue una suerte de sicario del presidente en relación con sus adversarios reales o imaginarios, así fuera el comisionado presidente de la CRE, Guillermo Palacios Alcocer, empresarios y periodistas presuntamente vinculados con la producción y difusión del documental sobre el populismo. De todo se valió, incluso indagar vidas y negocios de parientes. En ello se violentó la presunción de inocencia, el secreto bancario y financiero, la reserva a datos personales y el derecho a la dignidad y el buen nombre. El abuso de autoridad temprano estableció precedente. El temor al linchamiento en la mañanera y el bloqueo ilegal y discrecional de la UIF son de los instrumentos más eficaces para someter. Afortunadamente Pablo Gómez ha tenido el cuidado y la prudencia que no tuvo su antecesor.
Debe preocupar que en la fiscalía del gobierno de la Ciudad de México se observen casos de presunto uso político de la justicia penal. El caso implica a autoridades de alcaldías, como Alejandra Cuevas o Santiago Taboada, también a colaboradores cercanos de Marcelo Ebrard en la investigación por el colapso de la línea 12 del Metro. No se trata de que quienes tengan un estatus político opositor ganen impunidad, no. Si hay responsabilidad que se aplique con rigor la ley, sea opositor o aliada como la gobernadora de Campeche, señalada por venalidad en su tránsito en la alcaldía de Álvaro Obregón; que se reivindique el principio de la igualdad ante la ley, que justamente no está ocurriendo en la ciudad de México y casi en ninguna parte del país. Prevalece la impunidad, y esta consideración pone por sí misma en entredicho la premura y las investigaciones realizadas en la fiscalía de la Ciudad de México.
La fiscal Ernestina Godoy ha sido legisladora y militante de partidos afines al régimen. Su desempeño la obliga a la prudencia, al rigor de sus investigaciones y a lo que no se advierte: independencia del gobernante y de su interés político. Justicia penal a modo ominoso, precedente del pasado que se hace presente y amenaza con ser la divisa a futuro.
