Federico Berrueto
El saldo del triunfo arrollador de López Obrador en la elección está a la vista. Desde luego que también ganaron la candidata Sheinbaum y los de Morena, PT y PVEM. Habrá un gobierno que inicia con un aval democrático de peso y una mayoría calificada a manera de imponerle al país el modelo autoritario implícito en la reforma constitucional propuesta por el presidente. La embestida antidemocrática no sólo no registra resistencia sustantiva, sino tiene aliados fundamentales, entre éstas la oligarquía y buena parte de las empresas de comunicación.
Por lo pronto, la intimidación a los críticos del círculo cercano del presidente es lo de hoy día. Empezó con Amparo Casar y continuó con Latinus, Loret, su esposa y Brozo. Al presidente le ha funcionado y el uso político de la justicia penal silencia a muchos quienes debieran mostrar indignación. Lo mismo se puede decir por la determinación obradorista de acabar con la Corte y el Poder Judicial Federal.
Inaudito que algunos observadores reclamen a los ministros de la Corte o a su presidenta Norma Piña la manera cuidadosa e institucional con que defienden al Poder Judicial Federal y al más elevado tribunal. No advierten que romper con la línea de conducta a la que están obligados resultaría inútil y sería caer en el juego de López Obrador. Además, los expectantes no entienden que el ataque a la Corte y a los ministros es también al régimen democrático, se trata de acabar con la institución que asegura la vigencia de la Constitución, la salvaguarda de las garantías individuales ante actos de autoridad ilegales, además de representar el recurso más eficaz para contener el abuso de poder.
Los ministros se hicieron presentes en la llamada consulta de los legisladores en la reforma judicial. Destacable su presencia bajo una actitud de dignidad y de respeto al Poder Legislativo. Las expresiones razonadas, precisas y valientes del ministro Laynez Potisek en la defensa del Poder Judicial Federal muestran la calidad moral, política y jurídica de la mayoría de quienes integran la Corte, al tiempo que los desplantes de la ministra Lenia Batres exhibe el perfil ético, intelectual y profesional que el obradorismo suscribe respecto a los juzgadores.
Por ahora, la fascinación de muchos es la especulación sobre la ruptura entre el presidente que se va y la que llega. Hacen de las diferencias un caso para argumentar o suponer que habrá un quiebre. Desde luego que vienen estilos diferentes y el entorno complicado hacia delante obligará al nuevo gobierno actuar de manera distinta al anterior, especialmente en materia económica, energética y de seguridad, pero nada en el horizonte abona a la idea de ruptura. La reflexión obligada es si López Obrador podrá entender la difícil circunstancia que enfrentará el país y el nuevo gobierno frente a los preocupantes nubarrones hacia delante, algunos imputables a él mismo como el colapso de los sistemas educativo y de salud, o el abandono de la infraestructura y el deterioro de la calidad del gobierno por la pérdida de capital humano de calidad.
La discusión pública de fondo no se está atendiendo. La oposición institucional está inmovilizada por la magnitud de su derrota y la pequeñez de sus dirigentes, uno en la pretensión de mantenerse en el cargo, el otro en el intento de heredar el cargo a uno de sus afines. Los medios, en su mayoría, no son ni para defender la causa de ellos mismos ante la agresión presidencial a la libertad de expresión. La discusión sobre el futuro de la democracia prácticamente se ha abandonado con algunas voces aisladas presentes. La derrota electoral amenaza volverse total. La resistencia al avance del proyecto autoritario no se hace presente. Los ministros, magistrados, jueces y personal del Poder Judicial Federal están en el abandono, al igual que el silencio cómplice ante el ataque a Amparo Casar, Loret, Brozo y por las revelaciones de este sábado de Peniley Ramírez, también Claudio X González, Max Kaiser y cuatro personas más de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Los nombramientos anunciados por la próxima presidenta despiertan la esperanza de un gobierno más comprometido con los resultados y menos con la causa militante. Un giro prometedor, sin embargo, en lo fundamental hay continuidad, regatear la adversa realidad y, más que eso, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática ante una sociedad en estado de indefensión.
