Federico Berrueto
En el orden personal, colectivo o gubernamental no alcanzan los recursos disponibles. Caso distinto el de los privilegiados de la obra pública y servicios del gobierno federal con asignaciones fuera de concurso y de transparencia. Pero para casi todos no alcanza lo que se recibe. Las remuneraciones extraordinarias por concepto de aguinaldo tienen como destino el gasto, casi nada se ahorra porque muchos padecen el agobio de la deuda o el gasto mayor propio de la temporada.
Así como con las personas y las familias sucede con el gobierno. Más de la mitad del presupuesto está comprometido al servicio a la deuda y en los pagos etiquetados por los programas sociales. No hay dinero a pesar de que el régimen supone un crecimiento económico e ingresos que difícilmente se darán. Sin advertirlo, el país desde 2024 regresó al déficit fiscal y al aumento de la deuda, propio de una época supuestamente superada. El gasto por motivaciones electorales está acabando con el país.
El gobierno no sólo no tiene dinero para invertir en infraestructura pública y social, sino que el gasto en salud y educación se ve achicado. Es inevitable dar continuidad a las obras en curso como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. La presión sobre las finanzas es doble, continuar con una inversión que supera en mucho lo previsto y, por la otra, el elevado costo operativo de muchos de los proyectos del obradorismo, singularmente el Tren Maya, el que la presidenta Sheinbaum califica de diez. Quizá desconoce que de Mérida a Palenque hay una sola corrida al día con cinco carros que transporta 260 pasajeros. No es un problema de promoción, simplemente no hay ingresos porque hay atraso en la entrega de trenes y así efectivamente la ocupación es de 100%, un diez.
El gobierno anterior dispuso de los fideicomisos que generó el ahorro público, algunos de ellos aportaciones de los trabajadores. Una vez agotadas esas bolsas, el gobierno está disponiendo del ahorro de los trabajadores y su última embestida contra los importantes recursos acumulados por el INFONAVIT, para el desarrollo de la vivienda popular. La meta de construir dos millones de viviendas correrá a cuenta de esos recursos, con el problema adicional que el gobierno excluye a los trabajadores y patrones de la operación en el nuevo giro que tendrá la institución que será construir directamente la vivienda.
Es irrefutable el programa de vivienda, sobre todo porque en los pasados seis años disminuyó la construcción, la cobranza y los créditos. No es permisible el despojo a los trabajadores y patrones, tampoco que se eliminen los lineamientos de auditoría, seguimiento y evaluación por instancias profesionales e independientes. Se disponen de los recursos ajenos y además se excluye la vigilancia confiable.
Enrique Quintana en El Financiero ha polemizado sobre la aplicación de los remanentes del Banco de México que por razones del tipo cambiario habrán de significar una cantidad importante. Como él destaca, la ley del BANXICO impide que esos recursos se transfieran al gasto corriente o a la inversión; su destino debe ser el fortalecimiento de las reservas del banco central o el pago de la deuda pública. Un alivio para disminuir la presión al presupuesto, sin duda, pero insuficiente para resolver lo fundamental, esto es, la capacidad del Estado para proveer servicios básicos como seguridad pública, educación, salud e infraestructura comunitaria.
Los estados han sido castigados severamente en la reestructuración del gasto. Un día la presidenta exige a los gobernadores que se comprometan para encarar el problema de la violencia y la criminalidad y al día siguiente se enteran de que la Cámara de Diputados resolvió desaparecer los recursos destinados a los estados para la seguridad pública. El diagnóstico es cierto, no habrá seguridad pública si no se construye desde la base -el municipio y los estados- que, además de tiempo y voluntad, requiere dinero, el que no alcanza, a diferencia del de los criminales para corromper, amedrentar o hacerse del control de las policías y de las instancias de autoridad que les permitan ampliar el espectro de su actividad delictiva.
Al INE no le alcanza para organizar la elección de juzgadores; la actualización del padrón de la credencial de elector será afectado; al poder judicial se le ha castigado severamente y al remanente de los órganos autónomos se les priva de recursos, que significa su desaparición y no su integración como en su momento se señaló. No alcanza.
