Federico Berrueto
El libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez representa un quiebre para el régimen. Significa, ante todo, una ruptura con el código de silencio de un régimen político que involucionó de manera dramática. La deriva fue autoritaria, y criminal. Los autores no dramatizan la respuesta hostil de muchos, ni deberían sorprenderles el insulto y la provocación de los afectados. Su experiencia y trayectoria les han dado piel dura para soportar las expresiones más hostiles. Su trabajo tiene una dimensión histórica. Quizá sin pretenderlo, constituye un golpe brutal al obradorismo y un punto de inflexión que puede significar el principio del fin. O se aviene a la democracia, o transitará hacia un autoritarismo extremo.
Importante destacar que Gertz Manero ya no esté al frente de la Fiscalía. Fue el recurso del régimen para arrinconar a Julio Scherer a dejar la Consejería Jurídica de la Presidencia. No fue una amenaza, sino una cacería emprendida con los recursos del Estado; abogados cercanos a Scherer serían perseguidos judicialmente, incluso bajo condiciones de extrema intimidación. La intención, concederles privilegios procesales para que declararan contra el exconsejero presidencial. Algunos pensaron en el exilio o en decisiones personales extremas ante la inminencia de la cárcel. Resulta imposible pensar que la actuación de la FGR no contara con el aval presidencial.
Scherer sostiene que el político López Obrador no cambió; que haber persistido en la polarización y la radicalización lo llevó a renunciar, precisamente porque su oficina funcionaba como puente con muchos afectados por la intransigencia presidencial. El abogado concede que, en lo personal, sí cambió con el poder; las fisuras entre ambos tenían un origen temprano.
En realidad, existen dos señales públicas que revelan que en López Obrador persistieron el rencor que siempre lo acompañó, acrecentado tras la elección de 2006. La primera, cancelar el aeropuerto de Texcoco, decisión supuestamente orientada a sancionar la corrupción, pero que solo sirvió para demostrar quién mandaba y cómo sería, en adelante, la relación con la llamada mafia del poder: privilegios, como siempre, pero ahora bajo la lógica de la sumisión.
El segundo gran extravío político, quizá la mayor traición a sí mismo como líder social y a la izquierda, fue la militarización. No se trataba de hacer más eficaz la seguridad pública, sino de someter a las fuerzas armadas a la discrecionalidad de su visión del poder. No era una postura institucional, sino personal. Su autoridad no derivaba de su condición de comandante supremo, sino de su papel como líder con capacidad de premiar y castigar, como ocurrió también con la oligarquía nacional. La corrupción de las fuerzas armadas sería el saldo final.
En la medida en que hubo sometimiento y obediencia, todo fluyó con el presidente. De este modo, los militares se ocuparían en tareas propias del ámbito civil. Algunos colaboradores, como Jiménez Espriú, renunciaron. El desencuentro con su amigo, el ministro Juan Luis González, tuvo como origen la intención de legalizar lo inconstitucional, es decir, el papel de las fuerzas armadas en la estructura de gobierno. Afortunadamente, al menos en materia de seguridad pública, una de las principales aportaciones de Claudia Sheinbaum ha sido restablecer que un civil encabece esta responsabilidad fundamental.
La génesis del contrabando de combustibles se inscribe en la ausencia de autocontención legal y ética. Sergio Carmona tuvo la habilidad de llevar hasta la Presidencia de la República su mecanismo de financiamiento de campañas, que operaba desde antes de que López Obrador llegara al poder. Fue asesinado cuando estaba por entregar evidencia a la DEA sobre el financiamiento ilegal y la venalidad gubernamental. El contrabando se desbordó cuando la Marina tomó el control de las aduanas. Dejó de ser un negocio terrestre: los combustibles comenzaron a transportarse por barco y ferrocarril, hasta representar una cuarta parte de las ventas nacionales de gasolina y diésel.
El contrabando aumenta en los años electorales. Por su dimensión, el destino político de esos ingresos era, en ese momento, más que un objetivo, un pretexto. Todo ocurrió en los más altos niveles de la Marina, haciendo imposible pensar que el presidente López Obrador no estuviera enterado, más aún cuando el área de inteligencia criminal estaba a cargo del general Audomaro Martínez, una de las personas más cercanas al mandatario.
Todavía hay mucho más por saber.
