Jesús Vázquez Trujillo
Las leyes promulgadas por Benito Juárez para defender la soberanía y garantizar la seguridad nacional
Como abogado y político, el presidente Benito Juárez García, creó un marco jurídico para castigar a aquellos que hubieren ayudado, promovido y auspiciado la intervención europea en México.
Es por ello, que una vez enterado de la intervención armada francesa, don Benito le solicitó al Congreso de la Unión que se le concedieran facultades extraordinarias, amplísimas y omnímodas, además declarar el estado de excepción, es decir suspender las garantías individuales.
Se le concedió con la condición de que defendiera la soberanía del territorio nacional, así como la forma de gobierno republicana, para lo cual, dictó una serie de leyes para este efecto que son:
- Informar a la nación del Estado de guerra
- Nombrar a comandantes militares como gobernadores de las entidades federativas
- Requisar bienes
- Implementar la leva
Además de que los soldados imperialistas mexicanos que capturaban los enrolaban al ejército republicano liberal, además de dictar una ley de amnistía a los soldados conservadores, que se sumaran al ejército republicano.
Exceptuando a los generales Félix Zuloaga Trillo y Miguel Miramón, que propiciaron la guerra de reforma, además de dictar un decreto a los comandantes militares, para que fusilaran a los asaltantes y a los secuestradores, para preservar la estabilidad y la tranquilidad de la sociedad, siendo aplicada esta ley con todo rigor.
El 25 de enero de 1862, se creó una ley para castigar a los trastornadores del orden público, siendo juzgados sus perpetradores por tribunales militares.
Siendo condenados a la pena de muerte, estos delitos fueron:
- Traición a la patria
- Destrucción de las instituciones republicanas
- Rebelión contra las autoridades constituidas
- Atentar contra el presidente de la República
- Invasión extranjera sin previa declaración de guerra
Los generales republicanos, fusilaron a todos los comandantes militares conservadores que capturaban.
Es por ello que se constituyó un tribunal militar para enjuiciar a Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, mismos que fueron condenados a muerte y ejecutados, en el cerro de las campanas, el 19 de julio de 1867.
Mientras que a los que sirvieron a Maximiliano, se les conmutó la pena de muerte por prisión corporal, además de decretar la nulidad de todos los actos jurídicos, ejecutados por los funcionarios designados por el imperio.
Aunque revalidó todos los actos jurídicos, tramitados por las personas más menesterosas que no pudieran pelear en contra del imperio.
Finalmente, una vez derrotado el imperio, el presidente Benito Juárez, regresó al congreso sus facultades extraordinarias.
