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La misión de observadores internacionales de alto nivel que viajaron del 30 de mayo al 6 de junio pasados a México, confirmaron la falta de aplicación de la ley y el Estado de derecho en el hábitat de la vaquita marina, así como la corrupción y la impunidad que rodea el tráfico ilegal de pez totoaba.
En el informe entregado a la Secretaría General de la Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), los enviados especiales relataron que, tras salirse de la agenda oficial, pudieron constatar en el malecón de San Felipe, Baja California, actividad de pesca sin permisos, no vigilada, y con redes prohibidas.
«En un periodo de poco más de una hora en el malecón, al menos 15 embarcaciones salieron a pescar sin autorización y sin inspección. La misión no quedó satisfecha con la explicación de las autoridades de que no se dirigían al Área de Cero Tolerancia. Entrevistas informales con algunos de los pescadores del sitio confirmaron que esto es algo que ocurre todos los días”, reportaron.
Los observadores escucharon de algunos pescadores del malecón que, a pesar de contar con permisos, no le ven sentido utilizar los sitios autorizados de embarque y desembarque, “porque quienes operan ilegalmente lo hacen a la vista de todos sin ninguna consecuencia.
«Estas personas también opinaron que el número de pescadores ilegales está aumentando año tras año, señalando la falta de medidas coercitivas como la principal razón”, indicaron.
En el informe en poder de Excélsior, los integrantes de la misión de alto nivel también plantearon que en una reunión privada los representantes del sector pesquero organizado externaron que las concesiones no tienen valor, ya que quien quiera puede dedicarse a la actividad con o sin permiso.
«Los mismos puntos de vista fueron sostenidos por miembros de la sociedad civil reunidos durante la visita, quienes unánimemente afirmaron que se debe establecer una cultura de la legalidad y que la actual falta de acción de las autoridades contra los pescadores ilegales es perjudicial para la comunidad pesquera que opera legalmente”, manifestaron.
A decir de los expertos de la Cites, esta situación pone en duda “la importante inversión realizada por México para desplegar autoridades diariamente con el fin de realizar tareas de vigilancia en los sitios autorizados, aparentemente con poco efecto, mientras que las actividades ilegales ocurren sin obstáculos en otros lugares a una escala significativa”.
REDES DE ENMALLE
A pesar de que el gobierno de México prohibió desde el 24 de septiembre de 2020 el uso de todas las redes de enmalle en la región, “incluyendo aquellas construidas de hilo de nylon monofilamento o multifilamento, o cualquier modificación de las mismas, incluidas las redes agalleras”, la Secretaría de Marina (Semar) informó a los enviados especiales que se permite este tipo de artes de pesca para la captura de camarón.
«La Semar indicó que esto se debe a que la malla de las redes de enmalle para camarón es más pequeña que la de las redes de enmalle para totoaba y, por lo tanto, no representan peligro para la vaquita”, revelaron.
Los integrantes de la misión de alto nivel subrayaron que esta posición de la Marina fue apoyada por representantes de la Unidad de Coordinación de Asuntos Internacionales de la Semarnat y del GIS (Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California), quienes estuvieron presentes y acompañaron al equipo de la Cites.
La opinión sostenida por algunas autoridades es que ciertos tipos de redes de enmalle están permitidas en el área marina restringida, en contradicción directa con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que contiene la regulación aplicable para el hábitat de la vaquita marina”, advirtieron.
Agregaron que la realidad contradice la información proporcionada por nuestro país en los informes entregados a la Cites, “lo que no sólo socava la efectividad de las actividades de combate a la pesca ilegal sino que causa confusión dentro de la comunidad pesquera con respecto a lo que está y no está permitido en la zona”.
«La misión de observadores reconoció que el hecho de que grupos del crimen organizado estén profundamente arraigados en la región y tengan una fuerte presencia exacerba aún más la problemática.
Resaltó que estas bandas operan a través de redes bien desarrolladas que facilitan una variedad de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de ejemplares de vida silvestre.
«Las actividades de grupos criminales como el Cártel del Mar, involucrado en la caza furtiva de totoaba por su vejiga natatoria, así como en el tráfico de drogas, y los del Cártel de Los Chapitos son buenos ejemplos. Estos cárteles despliegan todos los medios posibles para lograr sus objetivos, atacando a los pescadores y sus familias mediante el uso de la intimidación, amenazas, extorsión y violencia”, lamentaron.
ABRAZOS, NO BALAZOS
Durante la visita de los observadores internacionales, las autoridades admitieron que cuando detectan irregularidades en el refugio de la vaquita marina y en la Zona de Cero Tolerancia, “las medidas tomadas no son lo suficientemente duras para disuadir a los pescadores ilegales y las actividades de los delincuentes que reclutan a estas personas”.
Explicaron que su actuación implica invitar a las embarcaciones menores a cesar inmediatamente sus actividades, levantar sus artes de pesca y retirarse de la zona restringida.
Detallaron que cuando se ignora la instrucción, la consecuencia más grave es el aseguramiento de las redes de pesca.
«Las autoridades durante la misión expresaron que México cuenta con un sistema de cooperación más que de sanción. Semar afirmó que este enfoque está dando resultados y sostuvo que esto se debe a que las redes son costosas de reemplazar si se incautaron, y las nuevas redes toman tiempo para fabricarse. La Semar señaló que los pescadores ahora prefieren cumplir y evitar las áreas restringidas”, resaltaron.
CONSECUENCIAS
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, hizo votos porque este informe de la misión de observadores, que será presentado al Comité Permanente de la Cites, en noviembre próximo en Panamá, genere sanciones comerciales contra nuestro país.
Expuso que de esta forma debe responder la comunidad internacional ante los nulos avances en la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de totoaba, así como por los reportes falsos entregados por autoridades mexicanas a la Secretaría General, que quedaron evidenciados con la reciente visita de expertos.
Recordó que desde 2018, gobiernos como el de Estados Unidos, Israel y Senegal han pedido la suspensión inmediata del comercio internacional regulado que realiza México de especies protegidas, como aletas de tiburón, caballitos de mar, madera de cedro o trofeos de caza deportiva de borrego cimarrón, entre otros.
Lo anterior, como medida de presión para que México cumpla con su propia regulación establecida para el Alto Golfo de California y haya resultados medibles en la recuperación de la vaquita marina.
(Con información de Excélsior)
