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La iniciativa del gobierno federal para que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descarta que el objetivo sea militarizar al país.
Sin embargo, plantea puntos como eliminar el requisito de renunciar al Ejército o a la Marina para sumarse a la Guardia; el cese de la corporación de 23 mil elementos que provenían de la Policía Federal, para que la Guardia termine por conformarse solo por elementos de las fuerzas Armadas, y que al realizar labores de seguridad pública sus elementos conserven su fuero militar, si por alguna razón deben ser sancionados.
El proyecto de ley del Ejecutivo plantea que la Secretaría de Seguridad diseñe la Estrategia y el Programa Nacional de Seguridad Pública, pero en “colaboración” con la Sedena. Con el Ejército controlando el presupuesto de la corporación, la distribución territorial de sus elementos, estructura y mandos, e incorporando además de “manera expresa” su actuación en servicios de investigación e inteligencia.
Toda la iniciativa plantea dar más atribuciones a la Sedena al mando de la Guardia, de mandos, capacitación, recursos, pero aún así se refiere que esa corporación “continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la SSPC”.
Un objetivo adicional mencionado es que la Guardia desarrolle sus actividades “con capacitación y adiestramiento policiales, de naturaleza no bélica”.
Esto, aunque al justificar la iniciativa se menciona la necesidad de una institución que pueda hacer frente a la amenaza del crimen organizado, que se ha convertido “en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.
La adopción de este esquema policial complejo, dice el proyecto, “responde a los desafíos sin precedentes que los graves problemas de inseguridad y violencia vinculados principalmente al crimen organizado plantean al Estado mexicano en la actualidad, así como al fracaso de todos los esquemas institucionales previos en materia de seguridad y modelos de policía, resultado de su descomposición y corrupción crónicas”.
Si bien mencionan los “graves problemas de inseguridad” y un riesgo “sumamente delicado”, el gobierno también refiere como justificación que la Guardia Nacional ya ha dado resultados para frenar la tendencia creciente de asesinatos, que venía de sexenios anteriores.
Otros puntos que destacan en el proyecto son:
Que la Guardia Nacional pueda acudir en auxilio de la Fuerza Armada permanente para el cumplimiento de las misiones de esta última, cuando así lo disponga el presidente.
Que “en tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con grado de Comisario General en activo”, la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional sea designada por el presidente de la República, a propuesta del titular de la Sedena.
Que la Guardia Nacional pueda intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en “coadyuvancia” de las autoridades competentes.
Que la Secretaría de Seguridad sea la que reciba las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, y promueva el recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, en los casos en que resulte procedente.
Facultar a la SSPC como instancia coordinadora del gabinete de seguridad del Gobierno Federal.
Fortalecer la facultad de la SSPC para brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas.
Así justifican la reforma
En la exposición de motivos, se menciona que “la inexistencia de personal policial civil íntegro, confiable y capacitado para el cumplimiento de sus funciones” impulsó la creación de la Guardia Nacional.
Y que se optara porque la Sedena y la Secretaría de Marina participaran, junto a la secretaría de Seguridad, en el establecimiento de su estructura jerárquica y de sus normas de ingreso.
“La participación preponderante de la Sedena en la integración del contingente operacional de la Guardia Nacional y la conformación de su estructura, régimen de disciplina, dotación de recursos materiales y logísticos, así como despliegue e implantación territorial es el resultado de la implementación práctica del modelo policial consensuado por unanimidad entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, a partir del análisis de la propuesta original planteada por el titular del Poder Ejecutivo Federal”, menciona el texto.
Esto, se menciona citando la encuesta del Inegi ENVIPE 2020, ha “posiciónado a la Guardia Nacional como la institución que más confianza y aceptación genera entre la población mexicana, sólo detrás de la Armada y del Ejército”.
Ante las críticas por la militarización del país, la cual niega la iniciativa, se refiere que “la hipótesis que sostiene que la formación militar de los elementos dedicados a la seguridad pública produce, por sí misma, abusos contra la población, es refutable”.
Esta percepción, señalan, “se puede rebatir de manera contundente al observar que, en los últimos tres años, la disminución de homicidios dolosos, de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas y de la letalidad en los operativos contra la delincuencia, ha sido acompañada de un incremento significativo en la participación de elementos con formación castrense, justamente, a través de la creación de la Guardia Nacional”.
La transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, se destaca, “responde a la necesidad inmediata de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos que tienen su origen en las particularidades mismas de dicho cuerpo de seguridad creado por el constituyente permanente”.
Esto, frente a lo “apremiante” que resulta el abordaje de los retos emergentes que la violencia criminal plantea al Estado mexicano.
“Resulta pertinente, por tanto que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena, si se toma en cuenta que ambas inciden en un tema que es tanto de seguridad nacional como de seguridad pública, tal es el caso de la delincuencia organizada.
Lo que aquí se propone es una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, ya que se establecen reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial, con una estricta, clara separación y delimitación de las dependencias involucradas”.
El propósito final de esta iniciativa, se insiste, “no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.
(Con información de Animal Político)
