Federico Berrueto
La libertad de expresión atraviesa uno de sus momentos más difíciles. La falta de escrutinio social al poder —tarea que corresponde principalmente a los medios de comunicación— se refleja en los elevados niveles de aprobación de la presidenta y su gobierno; igual sucedía con su antecesor. La popularidad de los gobernantes no es común en democracia. Sin embargo, lo peor del asedio a los medios no proviene del gobierno, sino de los grupos criminales vinculados al narcotráfico, la extorsión, y el robo y comercio ilegal de combustibles. Esta embestida no se limita a los medios tradicionales: también los digitales son blanco, como demuestra el aumento de asesinatos de comunicadores e influencers que, aunque no ejercen periodismo en sentido estricto, sí participan activamente en la comunicación dentro del ecosistema digital.
A la presidenta Sheinbaum le exasperan las opiniones críticas de analistas y editorialistas en los medios, a quienes despectivamente llama «comentócratas«. No debería ser así. Primero, por respeto a quienes disienten, un derecho que cobra mayor relevancia considerando que cada vez son menos los independientes. Y segundo, por el contexto de violencia criminal que afecta la libertad de expresión. Ahí están, por ejemplo, las amenazas que recibió Azucena Uresti de un grupo criminal, y el atentado contra Ciro Gómez Leyva. La peor parte la llevan los periodistas locales, muchos han sido intimidados, y en no pocos casos las amenazas se han cumplido. México es el país con más periodistas asesinados. Pedir respeto del gobierno no es mucho.
Pero más allá de la deseable tolerancia presidencial hacia la libertad de expresión, existen consideraciones prácticas importantes. La opinión crítica molesta, pero influye en un círculo reducido y difícilmente impacta al gran público. No es que lo que digan o escriban los analistas sea irrelevante; más bien, es parte de la normalidad en un país diverso, con visiones distintas, con muchos problemas por resolver y anhelos por alcanzar.
Desde luego, el poder público —y en particular la presidenta— tiene el derecho a defender su gobierno y su proyecto político. No tienen, sin embargo, derecho de réplica, pues esa es una prerrogativa ciudadana. Los términos en que responde dicen mucho de su civilidad, y en cierta forma, de su inteligencia política, que en el caso de la presidenta no está en duda. No hay necesidad de recurrir a descalificaciones o insultos: ese es el recurso del déspota, del mediocre. Es posible responder con firmeza y sin arrogancia; de hecho, cuando se hace así, la respuesta es más persuasiva, y el buen trato fortalece a la autoridad, incluso cuando no tiene razón.
Contener los impulsos del empoderado es parte esencial del carácter de un buen gobernante. La crítica es inevitable y, en ocasiones, excesiva. El periodismo no es infalible: puede haber errores, prejuicios, parcialidad e incluso mala fe o intereses inconfesables. Aun así, los mejores momentos de la vida pública —como la República Restaurada, el periodo maderista o las décadas recientes de transición democrática— muestran que la libertad de expresión es fundamental, incluso con sus insuficiencias, excesos e imperfecciones.
Hoy más que siempre la libertad de expresión es indispensable. Vivimos bajo un régimen autocrático que amenaza con normalizarse. Por eso, la crítica y la denuncia son herramientas necesarias para contenerlo, para evitar que la cerrazón política y la soberbia moral del grupo gobernante deriven en represión abierta o en mayores afectaciones a los derechos ciudadanos. Sea dicho de paso, la crítica ayuda más a mejorar al gobierno que el aplauso sea natural o interesado.
El país se enfrenta a un futuro incierto, desafiante y probablemente adverso. Así indican las dificultades económicas que podrían comprometer el bienestar, dado que se sostiene sobre finanzas públicas frágiles. La crisis por la nueva relación de EU con el mundo tiene implicaciones preocupantes en todos los ámbitos. En muchas regiones del país hay una crisis de Estado por el dominio del crimen organizado, que disputa al gobierno el control legítimo de la violencia y que desacredita a las autoridades. La corrupción persiste y se extiende, acompañada de niveles inéditos de hipocresía y cinismo. El poder presidencial y el centralismo avanzan a costa del régimen democrático y del pacto federal. Más grave aún es la falta de contrapesos, producto del debilitamiento institucional, el clientelismo político y la ausencia de una oposición efectiva lo que abre la puerta a la tiranía. El trabajo de los mal llamados comentócratas representa el último reducto de una resistencia social necesaria.
