Federico Berrueto
El reclamo o señalamiento por la ausencia de aspirantes a la presidencia por la oposición parte de la idea de rezago o atraso por la campaña anticipada de los prospectos de Morena. Las dos elecciones presidenciales pasadas estuvieron precedidas por la clara preferencia anticipada de quien las ganó. Peña Nieto como gobernador del Estado de México encabezaba las intenciones de voto, de la misma forma que ocurrió con Andrés Manuel en los comicios presidenciales de 2018.
El presidente López Obrador resolvió después de los comicios intermedios y, particularmente, de la derrota en la Ciudad de México nombrar a los prospectos de candidatos que podrían sucederle. A partir de allí se han perfilado Adán Augusto López, nombrado Secretario de Gobernación a finales de agosto del año de la elección intermedia; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, Secretario de Gobernación; y Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado de la República. El PT anunció que propondrá al senador Gerardo Fernández Noroña como candidato.
Las preferencias al momento se han determinado por el nivel de conocimiento y esto ha favorecido a Claudia Sheinbaum, a quien el cargo de Jefa de Gobierno le ofrece mayor visibilidad, aunque también le ha afectado por las dificultades propias de la función. Marcelo Ebrard también cuenta con amplio conocimiento, pero también le afecta la herencia de su gobierno en la ciudad, especialmente los problemas en la Línea 12 del Metro, obra insignia de su gestión. Adán Augusto es quien más ha crecido en las encuestas y a quien no pocos le aprecian como el caballo negro. Monreal se ha abierto camino a esfuerzo propio y es notorio que no cuenta con la simpatía del presidente López Obrador a pesar de la eficacia en su liderazgo en el Senado.
Los prospectos de la oposición se han alineado por partido, con la singular excepción de Gustavo de Hoyos, quien recientemente anunció que buscaría la candidatura a partir de una propuesta ciudadana y de planteamientos disruptivos con el ánimo de ganar atención, pero que han comprometido su credibilidad y la seriedad de su opción. Su talante prudente e inteligente no van con los modos y el contenido de su propuesta inicial.
Quien ha tenido un mejor arranque ha sido Ángel Gurría, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en la gestión de Ernesto Zedillo y quien a partir de 2006 se desempeñó como Secretario General de la OCDE. Gurría es el mexicano con mayor reconocimiento y prestigio en el exterior y es un hábil e inteligente polemista, además de un eficaz funcionario en todas las tareas que ha desempeñado.
Gurría debió ser candidato presidencial del PRI hace 24 años. Era su mejor momento, aspiración frustrada por los candados que en el tricolor impusieron el agravio y el oportunismo para evitar que llegaran a la candidatura quienes no contaban con un cargo de elección popular previo. Sin duda Gurría hubiera llevado al tricolor a la victoria y hubiera sido un presidente transformador y de grandes realizaciones. Su trayectoria da irrefutable testimonio de ello.
Gustavo de Hoyos y Ángel Gurría complementan una gran variedad de aspirantes, casi todos de perfil claramente partidista. Es cierto que dentro de los prospectos no existe una opción “natural” o que concite amplia o entusiasta adhesión ciudadana. Esto ocurre en una circunstancia de desprestigio y debilidad de los partidos políticos. Por esta consideración la oposición debe transitar hacia un mecanismo de selección que permita la construcción de una candidatura, esto es, una elección primaria organizada no por los dirigentes de los partidos, sino por un grupo selectivo de ciudadanos reconocidos por su capacidad, reputación y experiencia.
El presidente López Obrador ha reiterado que la selección del candidato se realizará mediante encuesta, previsiblemente entre octubre y noviembre, aunque el periodo de precampaña tiene lugar entre diciembre y enero. A manera de optimizar tiempos, el organismo ciudadano podría iniciar el proceso de selección de una terna de aspirantes de candidatos presidenciales entre agosto y octubre, para realizar la elección democrática con apego al calendario electoral.
