Representante empresarial dice que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados debilita al Tribunal
LaOtraPlana.com.mx
Coparmex y diputados de oposición llamaron al Senado a apegarse a la legalidad e imparcialidad en el proceso de dictaminación de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y a la que consideran violatoria de la autonomía que ese órgano debe preservar.
La diputada María Elena Pérez Jaén (PAN) dijo ayer que un dictamen de esa naturaleza necesita que se realice de acuerdo al procedimiento legislativo, porque “ya basta de trajes hechos a la medida”.
El jueves, salió adelante en la Cámara de Diputados, con la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, esa reforma cuyos artículos transitorios perfilan las reglas para el próximo relevo de la presidencia del TFJA a realizarse el 2 de enero.
“Una de las principales características de este gobierno ha sido la constante violación a la división de Poderes. El Presidente, en reiteradas ocasiones, ha buscado tener control absoluto, y esto es lo que se pretende a través del presente dictamen”, señaló la legislativa de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Lo mínimo que se espera es que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, actúe con legalidad e imparcialidad y nos demuestre que trabaja para México y no a las órdenes de la Presidencia de la República”, planteó la diputada Pérez Jaén.
El TFJA se encarga de resoluciones que según expertos podría representar hasta el 6 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Junto con Perez Jaen, los diputados Carolina Viggiano y Blanca Alcalá del PRI y Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Felipe Macias del PAN han manifestado que la reforma a la Ley Orgánica del TFJA más que fortalecerlo busca controlarlo.
«La modificación es un traje a la medida para nombrar como presidenta del Tribunal a la magistrada Natalia Téllez, cercana a la secretaria de Economía”, dijo la legisladora panista.
Por su parte, en entrevista con Newsweek en español, Domingo Ruiz López, de la Coparmex, dijo que esta reforma se interpreta como la intención de crear un tribunal a modo y con la posibilidad de que sea influenciado por el Ejecutivo: “Hacemos un llamado claro y contundente a que tomen una decisión sensata en este proceso legislativo y piensen en fortalecer una institución”.
Alertó el representante empresarial que en el dictamen aprobado por los diputados preocupa a la comunidad jurídica porque, en lugar de fortalecer al TFJA, se le está debilitando.
Para el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, “cada vez que hay un acto que emana del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando el SAT practica una auditoría a un contribuyente y le determina un crédito fiscal y le dice que le debe equis dinero de impuestos, o cuando una autoridad cancela una concesión, o una autoridad ambiental clausura un negocio, cada vez que esos actos que se emiten, que son de autoridad, se hacen de forma ilegal, el tribunal los puede anular. Entonces, el Tribunal es un órgano de control y contrapeso del Poder Ejecutivo”.
Cuestionado respecto a quiénes serían los principales afectados ante la carencia de autonomía en el Tribunal, Ruiz López respondió que toda la sociedad.
«Claro, las empresas que pagan impuestos, los particulares que pagamos impuestos, pero toda la sociedad que tiene cosas que hacer con el gobierno federal: licencias, autorizaciones, permisos, registros, realmente toda la ciudadanía sale perjudicada. Vamos a poner el ejemplo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en este momento está haciendo un papel lejano al que se espera de ella, ¿y quién es la afectada? Pues toda la sociedad”.
Argumentó el representante de la Coparmex que la sociedad requiere que el procedimiento de elección sea el idóneo y que no esté manipulado. “Que sea institucional y que lo que influya en las decisiones del Tribunal sea el derecho, que sean las decisiones de los propios magistrados y no una influencia o injerencia de carácter político o línea política”, pidió.
Alegó Ruiz López que se requiere una conducción que garantice que el Tribunal le dé a la razón a quien la tenga, “sin importar si es empresario grandote, chiquito, amigote o amiguito de alguien en el poder”.
(Con información de Excélsior)
