Federico Berrueto
Los abogados no tienen la mejor de las reputaciones; injusto porque no pocos juzgadores, servidores públicos y postulantes honran la profesión y el oficio. Apartarse de lo debido da lugar al escándalo, que hace más conocido lo irregular; un buen comportamiento no es noticia ni objeto de reconocimiento público. El problema tiene que ver, también, con la precaria cultura de legalidad y eso lo comparten todos, pobres y ricos, educados e iletrados.
La reputación de los abogados y de los juzgadores se ha visto cuestionada por la embestida del presidente de la República contra el Poder Judicial Federal de la Corte, no porque las cosas allí estén mal, sino con el propósito de anular o desacreditar las decisiones que le son adversas, actitud recurrente del mandatario por desentenderse de la ley y hasta de la Constitución. Como nunca, las decisiones del gobierno y las leyes promovidas por López Obrador han sido clara e inobjetablemente inconstitucionales y, en su revisión, tuvieron que ser revertidas por la vilipendiada Corte. Pero él considera que la justicia, la suya, es primero que la legalidad y por ello su reiterada embestida contra los juzgadores.
Es común que el presidente muestre ignorancia y mala fe cuando aborda los temas de legalidad, blindado por el prejuicio social contra la ley y los jueces. Por ejemplo, lleva muchas mañaneras tratando de sacar capital político por la pensión que otorgara Pemex a una de las personalidades más relevantes en el escrutinio del gobierno y de la rendición de cuentas, no sólo de la administración obradorista, también del gobierno pasado. El antecesor de María Amparo Casar en la organización civil, Claudio X González, tuvo que encarar auditorías fiscales a manera de anularlo durante los últimos años del gobierno de Peña Nieto. Ahora, por presión del presidente la FGR informa sobre una acción penal contra Casar y sus dos hijos. No son iguales dice López Obrador, pero ¡cómo se parecen!
Ya se ha dicho. El reglamento de Pemex que regula las pensiones a los trabajadores de confianza no califica el fallecimiento, puede ser por accidente, homicidio o cualquier otra consideración; la empresa ni la señora Casar incurrieron en irregularidad alguna al otorgar la pensión respectiva y por lo mismo el caso penal a ningún lado conduce. Pero el presidente no ha cedido en señalarlo como caso de corrupción por supuestamente falsear la información para mostrar como accidente un suicidio, en su personal opinión.
El Poder Judicial ha concedido la suspensión del acto reclamado que fue la determinación del patrón -PEMEX- de suspender unilateralmente la pensión, sin fundar, razonar y ni siquiera notificar a la afectada esa decisión. Al presidente sorprende la rapidez con que actuó la justicia federal. Para eso es la suspensión del acto de autoridad reclamado, proteger provisionalmente al gobernado de la manera más rápida posible por un acto ilegal de la autoridad. Es una falsedad de López Obrador, quizás por ignorancia, presumir que la autoridad “amparó” a la quejosa; la autoridad suspendió el acto reclamado, es una decisión que no prejuzga sobre la sentencia definitiva. Al desahogarse el juicio seguramente se acreditará lo fundado del reclamo de María Amparo Casar y probará que el patrón y la pensionada actuaron conforme a la ley porque la prestación procede con el fallecimiento del trabajador.
Para el presidente es muy complicada la ley. Para él toda decisión que no le es favorable resulta de la corrupción, tráfico de influencia o un ardid de los enemigos conservadores para afectarlo a él, a su gobierno y, en sus palabras, al pueblo de México. Precisamente por tal consideración debe prevalecer un razonamiento legal; un agrónomo y un licenciado en ciencias políticas no hacen una buena combinación si son incapaces de dispensar un poco de razonamiento jurídico por abogados, esos que todo enredan y en nada ayudan, según el mismo López Obrador.
Ya se sabe que el estándar del presidente de un buen juzgador lo representa la señora Lenia Batres, ahora ministra de la Corte. Su parcialidad está a la vista, como su analfabetismo jurídico y constitucional. Un presidente obsesivo de la sumisión y la obediencia. La realidad es que los abogados en el servicio público deben ser ante todo hombres de leyes, incluso los funcionarios que no ostentan tal profesión, porque la ética, la moral de las autoridades parte del cumplimiento estricto con la Constitución y sus leyes.
