Federico Berrueto
El país se perfila al autoritarismo, no es un juicio, es una descripción. Un poder político sin contrapesos es la negación de la democracia y, por si fuera poco, inminente la eventual debacle de la institucionalidad que garantiza elecciones justas y la eliminación de la pluralidad en el Congreso. Una paradoja, México está más próximo a la autocracia y Venezuela a la democracia. Aquí los votos avalaron la destrucción del edificio que garantiza las libertades y el sufragio efectivo, allá, por la vía de las elecciones abren curso al anhelo democrático de un país golpeado por la tiranía ya por mucho tiempo. La esperanza por el líder fuerte es una apuesta fallida.
La previsible decisión del Tribunal Electoral que ratifique la decisión sorpresivamente dividida del INE en la asignación de una super mayoría para el régimen no significará un mandato para gobernar, sino la autoproclamación para acabar con el régimen democrático. Nuevamente, no es un juicio, es una descripción. Allí está el proceso legislativo en curso para acabar en las próximas semanas con la independencia del Poder Judicial y de la Corte y eliminar 7 órganos autónomos constitucionales relevantes para la transparencia, la salvaguarda de derechos humanos fundamentales como el de la información, de la protección de datos individuales, así como promover una competencia económica justa al margen de la discrecionalidad gubernamental y del monopolio.
La derrota es total en el sentido institucional, resultado de una secuencia de batallas perdidas por unas élites acomodaticias, por el oportunismo de quienes debieran defender con claridad las libertades y una oposición dirigida por los menos indicados para plantar cara al proyecto autoritario. La batalla debió darse mucho antes, hubo complacencia y siempre se pensó que en el peor de los casos la tragedia autoritaria tenía fecha de caducidad al terminar su gestión López Obrador.
La resistencia está en curso, pero en condiciones sumamente adversas y con el grave riesgo de que ocurriría al margen de las instituciones. La oposición partidista es inexistente, irrelevante y contraproducente. Su desprestigio complica la dignidad que debe acompañar el rechazo al proyecto autoritario. Sin embargo, no es ocasión para exclusiones, todo lo que resista apoya y desde todos los frentes debe darse la resistencia. Es posible que ahora se entienda que no hay lugar posible para la reconciliación que no signifique sometimiento y el aval a lo que se rechaza. PAN, PRI y MC deberán entender su lugar y, por lo mismo, su destino.
Relevante ahora es la ciudadanía, el caso de los trabajadores del Poder Judicial que han emprendido una incierta, difícil y complicada resistencia para defender su derecho elemental al trabajo conforme a los principios que han hecho de la judicatura federal el espacio más digno, probo y ejemplar del servicio público. Compárese un juzgado de distrito con un ministerio público, el que sea. El régimen no pretende mejorar la justicia, la quiere someter y tocarla de muerte porque la imparcialidad del juzgador es su condición de existencia, principio universal que el proyecto de reforma desdeña y, por lo mismo, a nadie engaña. Sin imparcialidad no hay justicia.
La oposición institucional tiene una responsabilidad histórica al haber participado en la colonización de los órganos electorales, hubo golpe de Estado en el Tribunal Electoral y la renovación del INE significó la pérdida de su independencia. Antes, los opositores en el poder abrieron la puerta a las derrotas consecutivas en el ámbito local, se dividieron y no pudieron procesar una selección de candidatos que lavara la cara y los librara de cuestionamiento.
No menos responsables han sido las élites que resolvieron acomodarse a lo que había. Miedo, oportunismo e indolencia permitió que el proyecto autoritario ganara terreno e hiciera de la elección, al margen de la equidad y de la legalidad, un medio para ratificar y legitimar al proyecto autoritario que también a muchos de ellos se les viene encima.
La derrota no es total, pero la resistencia fuera de la institucionalidad no ofrece una buena prospectiva. Es incursionar en terrenos inéditos, muy resbaladizos e inciertos para todos. La disputa por el poder y su rechazo al margen de la civilidad democrática bien puede ser la antesala para la formalización de la autocracia, de un poder al margen del consenso y con sustento en los recursos propios del ejercicio autoritario del poder, en demérito de las libertades, de la estabilidad económica y de la dignidad de las personas y sus comunidades.
