Del “culiacanazo” al “mazatlanazo”, otra vez en Sinaloa
Rubén Cárdenas
El caso de los mineros asesinados, cuyo caso ha ocupado múltiples titulares en los últimos días, comprueba una realidad dolorosamente clara: que las instituciones de gobierno siguen perdidas en la omisión y complicidad en esta guerra de los cárteles contra la población.
Es ya una guerra, sin duda, pese a la obstinación del gobierno federal por negar lo evidente, cuando se acumulan los asesinatos de alto impacto, como este de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corporation, establecida en la zona sierra de Sinaloa; cinco de los diez secuestrados aparecieron en una fosa clandestina ubicada en El Verde, municipio de Concordia.
De hecho, en ese mismo perímetro fueron encontradas más fosas, en un nuevo capítulo de horror en la historia de nuestro país, donde se enlazan los criminales, las víctimas inocentes y sus familiares y las autoridades omisas que ignoran o incluso encubren las actividades ilícitas que pasan en su propio entorno.
Desde el principio, las autoridades estatales habrían sabido que se trataba de un secuestro, no de una confusión, y que sus captores exigieron un rescate de 10 millones de pesos; esto, aparentemente después que la minera se había negado a pagar más “derecho de piso”.
Empero, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer una historia diferente, al asegurar que la facción de “los chapitos” había confundido a los diez trabajadores con integrantes de “la mayiza” y por eso se los habían llevado, según testimonios iniciales de los cuatro detenidos hasta hoy.
De acuerdo a esta versión oficial, la minera nunca denunció ser objeto de extorsión, por lo que el secuestro no cuadra en este esquema y los mineros habrían sido “levantados” al confundirlos con integrantes del grupo enemigo, lo cual suena bastante raro, porque los criminales saben bien quién es quién en su área de influencia, sobre todo si son diez.
Así las cosas, el gobierno federal queda exhibido por su incapacidad frente a los embates del crimen organizado, tal como ocurrió con el “culiacanazo”, el 17 de octubre del 2019, cuando las autoridades dejaron en libertad a Ovidio Guzmán “para no exponer la vida de decenas de familias en Culiacán”, dijo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, de nuevo se ven impotentes todos los niveles de gobierno para contener la embestida del crimen y rescatar con vida a esos diez trabajadores que provenían de distintas entidades, totalmente ajenos a las actividades delictivas de las facciones rivales del cártel de Sinaloa.
No está lejano ni olvidado el escalofriante episodio del rancho Izaguirre, cerca de Guadalajara, con las historias de quienes padecieron durante años torturas y una vida infrahumana, o murieron asesinados, como si en México no existiera un estado de derecho ni un gobierno garante del cumplimiento de la ley.
Y, para no variar, también queda al descubierto el desdén institucional por otros casos, como el de las madres buscadoras, ahora las de Sinaloa, quienes denunciaron que desde hace meses tenían ubicada la fosa en el poblado El Verde y ninguna autoridad las respaldó para intentar la localización de sus seres queridos.
Lo peor de esta violencia incesante es que de nuevo van a la alza los secuestros y los delitos como la extorsión, con la modalidad de que ahora son las autoridades las que han incursionado en esa delictiva práctica, coludidas con los criminales y no al revés, como en Tequila, Jalisco.
Ayer, grupos de madres buscadoras, entre estas nueve de Durango, dieron a conocer que en la fosa de El Verde, junto con otras de los alrededores, podría haber más de 400 cadáveres, una cifra mayor a la del rancho Izaguirre. La violencia se magnifica en el país, con puntos de alerta que se extienden, en tanto que la impunidad e indolencia de los gobiernos también crece.
Por donde se vea, estos nuevos hechos en Sinaloa constituyen un reto ineludible para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay excusas para esta inacción oficial, por ciertos resultados que presente García Harfuch. Diez mineros son masacrados y quien sabe cuántas personas más, entre turistas desaparecidos y jóvenes que nunca vuelven del baño de un antro.
No frenar a estos grupos criminales traería, además, consecuencias brutales en materia de inversión en el país, sobre todo la extranjera, porque sencillamente se le estaría dando un cheque en blanco a la criminalidad para que agrande su poderío en el país entero.
Increíble también que Sinaloa siga gobernado por Rubén Rocha Moya. Increíble que tengan que ser las madres buscadoras quienes hagan el trabajo de las autoridades. Increíble que en ese lugar de muerte inicie un carnaval con miles de asistentes mañana jueves. Qué país. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
UN MENOR DE 8 años fue la primera víctima fatal del sarampión en Durango, según lo dio a conocer el secretario de salud, Moisés Nájera, quien insistió en la necesidad de vacunarse como medida preventiva. Hasta hoy, existe un registro de por lo menos 60 casos de sarampión en el estado… Y AYER, EL dirigente estatal del PAN, Mario Salazar Madera, exigió que se aplique la ley en contra de José Raquel N., excandidato del PAN a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, aprehendido por la Guardia Nacional antier en esa población, cuando andaba a bordo de un auto robado y con armas de alto poder… LA CIUDADANÍA REQUIERE de una explicación convincente acerca de por qué los liderazgos panistas y priistas le patentizaron su apoyo irrestricto para ser candidato. Nadie les creería si salen ahora con que no sabían a lo que se dedicaba.
CUENTA EN X: @rubencardenas10
