Los cómplices de Toño Ochoa en el atraco del predial
Rubén Cárdenas
El artero golpe a la economía, a través del escandaloso aumento al Impuesto Predial, al agua potable y demás contribuciones e infracciones, es responsabilidad principalmente del alcalde José Antonio Ochoa al proponer la lesiva Ley de Ingresos 2026, pero no actuó en solitario.
Los principales cómplices en este atraco son, en primera instancia, todos los miembros del Cabildo, excepto la regidora del Partido del Trabajo, al igual que los diputados locales, que consintieron este abuso sin chistar.
Ninguno de ellos y ellas es ajeno a la puesta en marcha de tan radicales aumentos, por ser quienes aprobaron la propuesta inicial, a sabiendas de que provocaría una justa indignación ciudadana. Un total de 17 regidores, la síndica y el presidente municipal conforman el Cabildo de Durango.
Y los regidores son, en teoría, los principales representantes y aliados de los intereses ciudadanos en el gobierno municipal, para eso están; sin embargo, en una cuestión tan delicada como las contribuciones de plano le dieron la espalda al pueblo.
La responsabilidad moral mayor recae en aquellos regidores miembros de la oposición, sin quitar culpa en los demás, aunque ya se sabe que quienes emanan del partido gobernante incondicionalmente respaldan las propuestas de su alcalde.
De este modo, los cinco regidores de Movimiento Ciudadano, liderados por Francisco Franco, debieron defender a la sociedad votando en contra de estos arbitrarios aumentos, mientras que los tres regidores del Movimiento de Regeneración Nacional, coordinados por Iván Gurrola Vega, también votaron a favor del predialazo y otras alzas a los impuestos.
Fuentes internas del gobierno municipal aseguraron a este espacio que precisamente ellos, los coordinadores de las fracciones de regidores, tanto Iván Gurrola (MORENA), como Francisco Franco (MC), Gabriela Hernández López (PRI) e Ignacio Orrante (PAN), obviamente conocieron a plenitud el proyecto de Ley de Ingresos Municipal del 2026, pero no compartieron datos con su fracción.
De ser así, esto advierte el establecimiento de un probable nada claro acuerdo, no gratuito, por supuesto, con tal de tener el camino allanado para recolectar más de 640 millones por concepto del predial, que es el eje de las protestas.
Estos cuatro coordinadores de fracción constituyeron, pues, un factor esencial para que pasara ese primer filtro toda esa serie de cobros abusivos que hoy están afectando a cada uno de los sectores del municipio de Durango.
Y resulta que estos cuatro líderes de fracción tienen aspiraciones políticas y buscarán, seguramente, una próxima candidatura a algún cargo de elección popular, incluyendo a la síndica Alicia Gamboa Martínez y, claro, al alcalde José Antonio Ochoa, destapado en días anteriores por el gobernador Esteban Villegas como posible candidato a la gubernatura.
Los otros responsables de la consumación de lo que se califica como un vil atraco, son los 25 diputados locales, que no objetaron la Ley de Ingresos 2026 propuesta por el alcalde. Al aprobar el proyecto de ley, firmaron su complicidad con el oficialismo y su nulo compromiso con el electorado que les dio su confianza.
En tanto, el enojo social sigue subiendo en intensidad: ayer por la tarde, alrededor de 7 mil duranguenses habían ya firmado en contra del pago al predial. Grupos de ciudadanos se siguen organizando para tratar de revertir esta medida, que representa incrementos de entre 100 y 150 por ciento, algo nunca antes visto.
Y es que lo del predial no afecta solamente a la clase media, sino a toda la población, que también deberá desembolsar para otros pagos, como el agua potable, cuyo incremento legal va de la mano con el salario mínimo, pero esta vez el ayuntamiento determinó rebasar por mucho ese porcentaje indexado.
A diferencia de lo que ocurre en Durango, donde las voces opositoras se mantienen en silencio, en Monterrey una diputada de Movimiento Ciudadano demandó penalmente al alcalde priista de esa ciudad, Adrián De la Garza Santos, por haber incrementado en un 25 por ciento el Impuesto Predial. Y nada que ver con estas cantidades.
La organización de la sociedad agraviada en Durango marcará la pauta en cuanto al seguimiento del caso y debe traer consecuencias para quienes lo propusieron y para quienes lo consintieron. Nadie de ellos es inocente. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
HASTA CON MÁS de 18 mil pesos será multado el ciudadano que se niegue a un examen antialcohol en algún retén de Seguridad Pública a partir de febrero, según lo determina la voraz Ley de Ingresos del municipio 2026. No sería mala la medida si se aplicara a todos por igual y cuando así lo amerite, pero aquí sabemos que las reglas de tránsito son implementadas de manera selectiva… LAS AIRADAS PROTESTAS de la sociedad por el exorbitante aumento al Predial obligaron al Ayuntamiento a difundir una narrativa de decenas de obras públicas que se harán o equipararán con estos recursos… LA REALIDAD ES que en la propia Ley de Ingresos es donde debió establecerse lo que el gobierno de Toño Ochoa haría con los más de 640 millones extras que intenta recaudar, no en los medios de comunicación.
CUENTA EN X: @rubencardenas10
