Surge el movimiento No al Predial y eso podría truncar la candidatura de Ochoa
Rubén Cárdenas
El brutal incremento al impuesto predial en el municipio de Durango para este comienzo de año no tiene precedentes: hay miles de propietarios que deberán pagar incluso entre un 100 y 150 por ciento más en relación al año pasado, lo cual rebasa toda previsión posible.
Es tal el enojo social generalizado por esta medida, que ya hay contrapesos para rechazarla, como el movimiento No al Predial, que comienza a tomar forma. Y obviamente, este contexto sería muy desfavorable para la eventual candidatura del alcalde José Antonio Ochoa a la gubernatura en el 2028.
Fiel a consuetudinaria costumbre de mentirle al electorado, el alcalde, con el respaldo de los regidores y de los diputados locales que aprobaron su propuesta de Ley de Ingresos, decidió aumentar de golpe el pago del predial de una manera que nunca mencionó en campaña.
Y no nada más del predial, sino también de los demás impuestos municipales, como el traslado de dominio, todas las multas consideradas en la reglamentación municipal y las tarifas de agua potable. Ningún alcalde anterior, indistintamente de colores partidistas, se había atrevido a tanto.
Ansioso de saquear los bolsillos ciudadanos, sin respeto alguno por la situación crítica de miles de familias, el alcalde Toño Ochoa quitó el método regular de cálculo para el pago del predial, o sea la aplicación de la regla de 2 al millar sobre el valor catastral del inmueble por un esquema de rangos, en el que cada uno tiene una cuota fija más un porcentaje adicional sobre el excedente.
Esta arbitraria forma de aumentar el predial está provocando que un inmueble, aun cuando no haya sido modificado, implique un mayor pago para su propietario, al pasar a un rango superior absolutamente injustificado sólo porque así lo decidió la autoridad municipal.
La diferencia no está en la vivienda, sino en el cambio de modelo de cobro. Son miles los casos de propietarios que deben pagar entre un 100 y 150 por ciento de incremento al predial en relación a otros años y claro que para un gran número de ciudadanos este impuesto es impagable.
Tan abusivo incremento es otro severo golpe al bolsillo en un estado que sufre de salarios bajos, falta de empleo, favoritismo e influyentismo sin consideración a los méritos académicos o profesionales y con un desarrollo económico tambaleante, por no decir en parálisis.
El objetivo del alcalde Ochoa es obtener alrededor de 640 millones de pesos con este aumento, aparte del monto que representa la captación de los demás incrementos a otros impuestos municipales, como multas altísimas relacionadas con la movilidad, licencias de manejo, permisos para construir, entre otros ingresos millonarios.
Lo paradójico es que todos estos incrementos, luego de ser aprobados por Cabildo y los diputados locales, deben estar publicados en la Gaceta Municipal correspondiente el mes en curso del presente 2026, pero en la página del gobierno municipal no se puede consultar, sencillamente no ha sido publicada.
Entonces, no hay certeza de la legalidad de esta disposición unilateral del gobierno municipal que tanto está afectando a los duranguenses, porque sencillamente lo que no está publicado en la Gaceta Municipal, sigue en la ilegalidad, más si se trata de un cobro.
Por todo esto, grupos ciudadanos han comenzado a organizarse para recabar firmas contra esta medida, en lo que constituye el principio del movimiento No al Predial. La ciudadanía está en su derecho de recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo ante el abuso de la autoridad y, si el magistrado le niega la justicia al ciudadano, puede recurrir al amparo de la justicia federal.
Durante su primera campaña electoral, cuando José Antonio Ochoa aspiraba a la alcaldía, en el 2022, se comprometió a no aumentar los impuestos y no cumplió; el año pasado, cuando buscó y logró la reelección en el cargo, volvió a prometer lo mismo y su mentira se desborda en el nuevo año.
Así difícilmente podría llegar a la candidatura para el 2028, a menos que nos crea tan sumisos como para ignorar fallas tan graves. La ciudadanía no admitirá una vez más estos engaños; es lo que menos necesita un Durango cansado de los abusos y las injusticias a la hora de gobernar. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
HAY PLENA RESPONSABILIDAD del gobierno del municipio de Durango en la explosión registrada ayer muy temprano en el desayunador “Gorditas El Dorado”, ubicado en Pino Suárez y Bruno Martínez, en plena plaza Centenario. En el percance, cuatro mujeres adultas resultaron lesionadas, dos de ellas con quemaduras extremadamente graves, por lo que su estado de salud es muy crítico… FUENTES ESTRECHAMENTE LIGADAS al anterior Cabildo confiaron a este espacio editorial que ese lugar, del que diariamente salen varios triciclos por el centro para vender sus productos, no cuenta con los permisos de protección civil para operar ni para vender en la vía pública… HUBO INTENTOS POR parte de la Comisión de Actividades Económicas del trienio anterior por aplicar la reglamentación municipal, pero siempre llegó la advertencia de permitirle operar “por órdenes superiores”. La vida de dos mujeres está en vilo y hay demasiado por investigar ¿Tendrán prestaciones sociales esas empleadas lesionadas? ¿Sabremos quienes solaparon este negocio tan redituable? Por donde quiera brotan las pérdidas con estas autoridades municipales.
CUENTA EN X: @rubencardenas10
