Federico Berrueto
La situación del país, en muchos frentes, se torna compleja e incierta. Hay un punto de inflexión desde el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las cosas no son iguales en Michoacán ni en muchas partes del país. El gobierno perdió en lo que parecía ser su mejor logro: la lucha contra el crimen. A partir de entonces queda claro que la impunidad prevalece y que amplios sectores de la población, particularmente los productores, se muestran exasperados por el imperio de la extorsión en sus dos variantes: la de las autoridades y la de los delincuentes. No es para desdeñar lo que se ha emprendido en Michoacán, pero se requiere mucho más y que los delincuentes sean sentenciados, no detenidos.
El Estado mexicano ha perdido capacidad de respuesta en dos planos: primero, el de atender a la población, producto del austericidio, como muestra el abandono al campo, y, segundo, el de hacer frente al conflicto social por la vía institucional.
La protesta social crece y muestra un claro desafío a las autoridades. Repudian por igual a gobiernos que a partidos, y la impunidad permite a la protesta actuar por las vías de hecho, como bloquear carreteras. En el país de la impunidad la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cometió el error de insinuar acción penal contra los líderes; afortunadamente, la presidenta le enmendó la plana.
Dos decisiones muestran que la presidenta retoma el control de su gobierno, no del país. A su modo, y no necesariamente con pericia, dejar en claro que ella manda, que ella define. Así, les dice a los ministros de la Corte —que se fueron con la idea de que Lenia Batres era la voz del régimen y, en el afán de acreditar que “la ley no es la ley”, cometieron el grave error de comprometer el sentido de cosa juzgada, fundamental para la certeza de derechos—, que no se equivoquen y les llama que se pongan a trabajar en los pendientes y no en lo ya resuelto.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, debió entender el tamaño del error por resolver en los términos de Lenia Batres y no en los de Yazmín Esquivel. A todos —ministros y a quienes los rodean— les queda claro que quien manda está al lado de la Corte y que llegaron allí a trabajar, a resolver los casos pendientes. Es evidente que no hay comunicación entre el gobierno y la Corte, a pesar de su sumisión.
En otros tiempos, esos asuntos eran atendidos por quien despachaba en Bucareli. Los ministros hacían “cambio de luz” y en algunos casos hasta consultaban. Con López Obrador, se resolvía con él y a través de Arturo Zaldívar. La Corte es de la 4T; tiene dueña, y quienes allí llegan son algo así como encargados de oficina. Con singulares excepciones, no están preparados para decidir, y quien los puso tiene que hacerse responsable. El presidente de la Corte no tiene preparación ni instinto; requiere que le ayuden para no volver a equivocarse. ¿Lo hará Arturo Zaldívar, Ernestina Godoy en temas penales o el secretario de Hacienda en los fiscales o mercantiles de relieve? No queda claro, pero, efectivamente, los ministros requieren acompañamiento porque si no, se van por su cuenta y, por lo que se ve, están dispuestos a todo, incluso a ignorar lo más elemental de la legalidad, como es el valor de cosa juzgada.
También la presidenta se fortalece con la ruda remoción del fiscal Gertz Manero y el arribo de Ernestina Godoy. La palabra coordinación es el eje de sus confusas y evasivas explicaciones. La suerte del fiscal se decidió cuando hubo desencuentro con el funcionario más importante del gobierno, Omar García Harfuch. No queda claro cuándo se dio ni el motivo; lo más probable es que se fue decantando desde la investigación sobre el huachicol fiscal. Gertz Manero midió mal a la presidenta Sheinbaum y no advirtió que tiene más rigor y determinación que López Obrador. La subestimó y ahí están las consecuencias: una salida muy desaseada y en condiciones de vulnerabilidad. Quedó expuesto al rosario de malquerientes decididos a cobrársela con creces, espectáculo penoso de muchos quienes callaron y ahora condenan con severidad y exceso.
Que la presidenta se fortalezca no necesariamente significa que su gobierno lo haga. De hecho, la solución a la crisis de legalidad por la irresponsabilidad de la Corte y la accidentada remoción del fiscal no resuelve los problemas, ni siquiera los de justicia. Se advierte que la presidenta está aislada y que el reacomodo abre expectativas de impunidad que el país difícilmente puede conceder.
