Federico Berrueto
La reforma judicial anticipa el mayor de los desastres, la grosera manipulación de las inscripciones en los últimos días lo prueba. No hubo claridad sobre los problemas para implementarla. El presidente López Obrador debió dar espacio a que la presidenta electa analizara con detenimiento el asunto. Había una posibilidad de conciliar la postura del presidente con la protección de lo mejor de la justicia mexicana, que consistía en limitar la elección a los ministros de la Corte, propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, que se hizo todo para rechazar. Elegir ministros era inconveniente, pero no destruía al Poder Judicial de la Federación. No se dieron tiempo y ahora la reforma será un sonado fracaso desde su implementación y ahora con falsedad se dice desde el poder que todo va mejor que bien.
Un error la complacencia del INE. Debió haber alzado la voz y aclarar que no estaba en condiciones para organizar una elección de tal complejidad. No solo es cuestión de tiempos y dinero sino de que el sistema electoral mexicano está fundado en partidos, no en candidatos individuales. El proceso carece de confiabilidad y por tal consideración fueron pocos quienes decidieron registrarse con la excepción de los últimos días. Si los candidatos fueron inscritos partidariamente y no hubo interés espontáneo, esto anticipa que será una elección con elevado abstencionismo, que será mayor porque el INE utilizará centros de votación de menos de la mitad de lo que es una elección nacional.
Este domingo venció el término para el registro de candidatos. Una elección con candidaturas artificiales anticipa una elección sin votantes, como en el pasado, elecciones simuladas, como tal no es problema la organización ni el proceso o la baja participación. Conforme menos votantes asistan más fácil será definir el resultado con el acarreo de votantes bajo consigna, así se cumple el objetivo subyacente de la reforma: el control del Poder Judicial Federal por el grupo en el poder.
La elección nada tiene que ver con seleccionar a los mejores, tarea imposible cuando los votantes tienen que examinar largas listas de nombres que difícilmente podrán ser conocidos, porque no hay candidatos auténticos, tampoco campañas, debates, deliberación ni garantías para una competencia justa y equitativa. Eso no preocupa porque el objetivo es la selección de jueces a modo. Si no hay registros de candidatos suficientes, se transitará con los que haya. Si no hay votantes, elegirán los pocos que asistan, a través de quienes tienen la capacidad y los recursos para movilizarlos.
Frente al desastre, el aplauso que encubre; sin embargo, los estados tienen una estrecha ventana de oportunidad ya que la reforma les da el espacio para definir reglas que mitiguen dificultades y se dé lugar a una mejor elección. Por ejemplo, puede haber un solo comité de selección integrado por los tres poderes que presente ternas cuyos datos personales de los candidatos serían difundidos para facilitar el conocimiento del elector, un filtro que facilite al votante la decisión. Asimismo, una geografía electoral funcional, regionalizar la elección de magistrados para evitar largos listados y más que todo, involucrar en la reforma a la comunidad jurídica, judicial, académica y todos aquellos que puedan aportar a un buen diseño de reforma.
En diciembre los estados deberán concluir sus reformas legales si es el caso de que quieran participar en 2025, lo más recomendable para no empatar su renovación con los comicios intermedios, que complicaría la definición de reglas de acuerdo con la realidad de las entidades. En el caso de los estados iniciar sus procesos en enero para elegir en junio no parece ser del todo complicado de contar con un buen diseño de reforma, diferente a la federal.
Es una paradoja el resultado del cambio. La justicia federal era el plano más confiable y la local lo más cuestionable; existe la posibilidad que las entidades mejoren su sistema de justicia, objetivo fundamental en la mayoría de los litigios y asuntos judiciales que encaran las personas y empresas. Lo mejor de la justicia federal desaparecerá; la estrecha oportunidad que plantea es que las entidades actúen responsablemente para un cambio (si no virtuoso porque es difícil tratándose de la elección popular de jueces), al menos dé lugar a una elección más ordenada, con menos insuficiencias y mayor inclusión. Estrecha ventana de oportunidad de la reforma judicial para que los estados mejoren lo que tienen.
