Federico Berrueto
La democracia no se agota en el plano electoral; más aún, afirmar que la elección por voto popular de juzgadores hace de México el país más democrático del mundo es falso, porque se requiere de legalidad y de un sistema que la garantice. Los supuestos de funcionalidad de la justicia y de los órganos de control constitucional son la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia de los factores de poder, sea el dinero, la opinión pública, la política o el gobierno. Por tal consideración los países democráticos no eligen jueces por voto popular.
En México el régimen resolvió acabar con el sistema judicial bajo el señalamiento de corrupción, elevado gasto y nepotismo, argumentos que se descalifican a sí mismos si se advierte que sucede prácticamente en todo el sector público. Además, las insuficiencias de una institución se superan o resuelven corrigiéndolas, no destruyéndola.
La argumentación de Bright Line Watch sobre el poder judicial presenta tres realidades: primera, la de los países con democracia fuertes: “Los jueces son designados mediante procedimientos pluralistas y basados en el mérito; el poder judicial es independiente; los tribunales revisan y anulan periódicamente los actos ejecutivos”. Segunda, los de democracia iliberal: “Los jueces son designados mediante procedimientos mixtos con influencia ejecutiva; el poder judicial es parcialmente independiente; los tribunales rara vez revisan o anulan los actos ejecutivos” y, tercera, los de países no democráticos: “Los jueces son designados a partir de listas de los partidos gobernantes; el poder judicial no es independiente; los tribunales no revisan ni anulan los actos ejecutivos”.
El resto de los 35 principios democráticos utilizados Bright Line Watch que ofrecen criterios sobre la vigencia del régimen democrático: bit.ly/46Uenxe
- El poder judicial puede limitar eficazmente al poder ejecutivo.
- Los poderes electos respetan la independencia judicial.
- La participación de los votantes en las elecciones es generalmente alta.
- La información sobre las fuentes de financiación de las campañas está disponible para el público.
- Las políticas públicas no se determinan por las grandes contribuciones a las campañas.
- Los ciudadanos pueden hacer oír su opinión en un debate abierto sobre las políticas que se están considerando.
- Los límites geográficos de los distritos electorales no benefician sistemáticamente a ningún partido político en particular.
- Incluso cuando hay desacuerdos sobre ideología o política, los líderes políticos generalmente comparten una comprensión común de los hechos relevantes.
- Los funcionarios electos buscan un compromiso con los oponentes políticos.
- Los ciudadanos tienen acceso a información sobre los candidatos que es relevante para su forma de gobernar.
- El gobierno protege el derecho de las personas a participar en protestas pacíficas.
- Las investigaciones policiales de funcionarios públicos o sus asociados están libres de influencias o interferencias políticas.
- Las estadísticas y los datos gubernamentales son producidos por expertos que no están influenciados por consideraciones políticas.
- La ley se aplica por igual a todas las personas.
- Los políticos en el cargo que pierden las elecciones admiten públicamente su derrota
- Las universidades, las empresas y las organizaciones profesionales operan sin presión gubernamental.
- El liderazgo militar permanece políticamente neutral y no favorece ni apoya a ningún partido político o candidato.
- Los funcionarios no utilizan a las fuerzas armadas para promover agendas políticas ni intimidar a los oponentes políticos.
- Las fuerzas del orden se mantienen políticamente neutrales y no favorecen ni apoyan a ningún partido político o candidato.
35. Los funcionarios no utilizan la aplicación de la ley para promover agendas políticas o intimidar a los oponentes políticos.
