Federico Berrueto
Los partidos han perdido mucho con el paso del tiempo. Los privilegios de la normalidad democrática se les volvieron en contra: lejos de la sociedad que dicen representar, con dirigencias muy por debajo de los desafíos de hoy día, electoreros y prestos a los beneficios institucionalizados sean prerrogativas o designaciones. Para la elección una de las pérdidas que más se van a requerir es la mística para defender el voto, atributo que al PAN le viene de origen, pero parece extraviado.
A pesar de su desprestigio, los partidos son indispensables y las reglas del juego les conceden un lugar fundamental en comicios y en la estructuración parlamentaria. Las elecciones en curso imponen a la oposición no sólo un reto monumental para competir en singulares condiciones de inequidad y de ilegalidad por la interferencia del presidente López Obrador y de todo el aparato de gobierno, también por la presencia violenta e intimidante del crimen organizado.
En perspectiva, el rescate de los partidos, al menos circunstancial, es el voto ciudadano de los indignados, como muestran los comicios de 2021, que ha servido de contención al embate contra las instituciones de la democracia. Sin los ciudadanos sería realidad la devastación del régimen de división de poderes, la autonomía del INE, la independencia de la Corte y del Poder Judicial Federal, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y la exclusión de la pluralidad de la representación parlamentaria. Hoy día el valor y significado la oposición tiene que ver con los ciudadanos, no con la destreza de los dirigentes partidistas; igual que sucederá el 2 de junio, potenciado con la base ciudadana que concita su candidata presidencial.
López Obrador aprendió de la elección intermedia que el clientelismo no le daba para ganar, volviéndolo peligroso en extremo. La inconformidad de las clases urbanas se hace sentir en las urnas sin que los instrumentos convencionales de medición lo muestren. El presidente está dispuesto a todo y para ello se sirve de una legislación electoral complaciente y un órgano electoral dividido y medroso hacia él y riguroso en extremo contra la oposición. Para bien, en el INE sobrevive una estructura electoral profesional altamente calificada, pero no hay garantía porque los retos de ahora son diferentes y gigantescos.
Una de las pérdidas del PAN y en cierta medida del PRD se refiere a su sentido cívico en la defensa del voto, pérdida que, en la circunstancia actual debiera ser de atención prioritaria. Una elección de Estado no sólo es inequidad y parcialidad de autoridades durante las campañas, también estará presente en la jornada electoral, además de los grupos criminales. El desborde cívico del domingo 19 de mayo anticipa que los ciudadanos saldrán a votar, pero no hay garantía de que los votos cuenten y se cuenten. No se trata sólo de un porcentaje de participación, que bien puede llegar a 65%, sino de que el voto se haga valer.
La observación electoral es pertinente, pero como en el pasado, los partidos opositores y sus estructuras de movilización deben desplegarse para la defensa formal del voto. Se entiende que la energía de la campaña se centre en que los ciudadanos salgan a votar, pero no es suficiente. Los votos se ganan, pero también se defienden, tarea principalmente de los partidos.
La oposición debe tomarse muy en serio la defensa de la elección. Al menos una tercera parte de los distritos se resolverán con una diferencia menor a 10% de los votos y algo semejante puede ocurrir en las entidades para la elección de senadores y ejecutivos locales. No serán pocos los resultados muy cerrados. Por el momento está muy competida la elección en la CDMX, Morelos, Veracruz y la de Puebla hacia allá apunta. No hay juego justo ni lugar para la confianza.
La defensa del voto demanda más que voluntad. Se requiere entender las reglas del juego y, particularmente, una eficaz organización territorial porque las impugnaciones deben documentarse casilla por casilla. Requiere de elementos de prueba fehacientes y convincentes en la valoración de los jueces electorales. Las pruebas testimoniales no son garantía, independientemente de la interferencia del presidente, que plantea una causal de impugnación genérica, documentable con las reiteradas violaciones a partir de las, en apariencia, inocuas reconvenciones del INE.
Es obligado votar el 2 de junio, pensar en lo subsecuente y considerar que las elecciones se defienden, se impugnan y se califican.
