Federico Berrueto
Los últimos días, el país vive episodios que muestran extremos inéditos de impudicia en la vida pública. Los ministros de la Corte echando por la borda la condición de cosa juzgada de sus resoluciones; la presidenta Sheinbaum con un desaseado manejo de un muy delicado tema de Estado —la remoción del fiscal general de la República—; una desastrosa operación política en el manejo del descontento social por la extorsión y el abandono al campo; el expresidente López Obrador reeditando la polarización; y la batería de Morena y del gobierno contra el Movimiento del Sombrero y sus principales figuras, varias de ellas amenazadas de muerte, según la colaboración de Raymundo Riva Palacio.
La elección de 2027 los trae muy descompuestos, al tiempo que la Corte se ha vuelto un jardín de niños que requieren de alguien que los llame a la cordura. No existe el menor sentido de responsabilidad, y eso ya se sabía, pero no que nadie, absolutamente nadie, iba a responsabilizarse de que las cosas se descompusieran tanto y tan temprano. Faltó alguien hacerse cargo. Después de formalizar la determinación de que en el sistema jurídico nacional no existe la definitividad en las sentencias —ni siquiera las del supremo tribunal—, la presidenta Sheinbaum tuvo que salir a expresar su rechazo a lo resuelto, y ellos pronto afirmaron que no aprobaron lo que aprobaron y que cumplirían con lo ordenado: trabajar en los casos pendientes y no en las sentencias definitivas.
Es evidente que desde el gobierno no hay conducción de la política interior. La Secretaría de Gobernación no existe, y por lo mismo los problemas llegan directo a la presidenta Sheinbaum. La negociación con la protesta social fue de una torpeza monumental; la sensatez provino de los inconformes, no de las autoridades. La remoción del fiscal debió procesarse no a través de la mentira y el engaño. Decir las cosas tal cual. El saldo de lo ocurrido y su secuela dejan la impresión de que las razones del relevo son inconfesables porque tienen que ver con la impunidad.
Al igual que en la Corte, queda claro que la única instancia es la presidenta Sheinbaum; no hay claridad porque los objetivos no están definidos, la lógica de las autoridades es salvaguardar el proyecto político, no la gobernabilidad del país. Por eso la teoría del complot para explicar las expresiones de descontento social, sin advertir que es la impunidad la que subyace como causa originaria de los problemas: por igual la violencia que la corrupción desbordada en los tres órdenes de gobierno. La agresión política y mediática al Movimiento del Sombrero es inaceptable. Al menos Leonel Godoy tuvo el cuidado y la mesura para replicar en Latinus razonablemente los señalamientos en su contra.
Luchar contra la impunidad es la batalla fundamental de la nación y es una tarea de todos, todo el tiempo, en todas partes. El funcionario con más ascendiente popular es Omar García Harfuch, por la sencilla razón de que se le percibe como un eficaz y decidido combatiente contra el crimen. La misma razón que hizo de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, un líder con arrastre estatal y, a partir de su homicidio, un símbolo nacional de resistencia contra la criminalidad asociada a la extorsión que corroe el tejido político. La lucha contra la impunidad es la madre de todas las batallas y ninguno de los líderes políticos puede abordarla con credibilidad por los pecados cometidos. Por eso el Movimiento del Sombrero gana terreno, y una modesta presidenta municipal se transforma en una causa que despierta por igual empatía y esperanza.
La impudicia es la expresión necesaria de la impunidad. La presidenta Sheinbaum se ha visto afectada porque no basta romper con la sospechosa pasividad del gobierno en el combate contra el crimen: hay que actuar en consecuencia y no gestionar la justicia a partir de objetivos políticos. Mucho se hubiera evitado si Rubén Rocha hubiera sido llevado a la justicia por el encubrimiento del homicidio de Melesio Cuén. Hubiera sido un mensaje inequívoco a los gobernadores, alcaldes y muchos más coludidos con los criminales y promotores de la extorsión.
El país, y mucho menos la presidenta, no requiere de un protector que en su retiro amenace con intervenir si las cosas no resultan como él lo espera o desea. López Obrador ha probado ser un dictador intolerante, habilidoso practicante de la polarización y un gobernante incompetente en extremo. Él, junto con Trump, constituye la amenaza mayor que encara el país, la presidenta y lo que queda de democracia.
