Jesús M. Moreno Mejía
El tiempo de elecciones es el más crítico y (en ocasiones) peligroso.
Lucas Alamán.
Independientemente de la designación de candidatos, cuyo apartado está por aclararse al momento de redactar esta colaboración, los directivos de los partidos políticos de Coahuila ya tienen aseguradas las cantidades millonarias de recursos para las campañas electorales, que en esta ocasión será más corta que anteriores procesos electorales.
La emisión de sufragios están prevista para el domingo 7 de junio del presente año en los 16 distritos electorales de Coahuila, en que participarán nueve partidos políticos; seis de registro nacional y tres estatales, quienes buscan integrar la nueva LXIV Legislatura local, que estará integrada por 16 diputados electos por mayoría relativa y los escogidos por representación proporcional.
A estas fechas, los mandamases de los nueve partidos registrados, se restriegan las manos por tener en breve las respectivas partidas, pues bien saben que ya tienen asegurados sus recursos, pues el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) destinará 241millones, 872 mil, 483 de pesos, proveniente del financiamiento público del estado, que serán destinados a los renglones de actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña.
Los nueve partidos políticos previamente registrados, contarán con 54 millones 312 mil pesos para gastos de campaña durante el proceso electoral local ordinario de 2026, a fin de renovar el Congreso del Estado, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Poder Legislativo el pasado 22 de diciembre.
Ahora bien, de dicho total, 181 millones, 042 mil, 277 de pesos serán destinados al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos registrados, en los rubros de gastos relativos a la operación básica de cada partido, tales como sueldo, rentas, servicios, papelería, luz eléctrica y propaganda institucional que requieran para su funcionamiento normal.
La asignación fue hecha conforme a la normatividad vigente, tomando en cuenta en el porcentaje de votación obtenida por cada fuerza política, a fin de garantizar las condiciones de equidad en la contienda, según el IEC.
El hecho es que todos los partidos políticos tienen asegurados sus recursos; el PRI recibirá 64 millones, 571 mil 313 pesos; Morena, 42 millones, 182 mil, 062 pesos; el PAN 16 millones, 960 mil, 218 pesos; PT, 19 millones, 677 mil 584 peos; PVEM 14 millones 258 mil, 241 pesos; UDC 12 millones, 530 mil, 320 pesos; MC 3 millones, 620 mil, 845 pesos; en tanto que los nuevos partidos locales: Nuevas Ideas y México Avante, 3 millones 620 mil 845 pesos cada uno.
Y aparte, para actividades específicas (educación cívica, capacitación política, investigación (¿?), producción editorial y promoción de liderazgo femenino, existe un monto global de 5 millones 431 mil, 268 pesos, y en ese apartado el PRI recibirá 1 millón, 970 mil, 265 pesos; Morena 1 millón, 255 mil, 714 pesos y el PAN, 450 mil, 762 pesos, así como miles de pesos el resto de los partidos.
¡Un reparto millonario! Un despilfarro de dinero que bien podía ser utilizado en obras y servicios que requiere la ciudadanía en todo el estado. Quedando en duda el emplear bien o mal los recursos asignados a cada uno de los nueve partidos.
Lástima que la reciente iniciativa de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentada al Congreso de la Unión para su aprobación o rechazo, haya quedado aceptada en lo general, pero sometida a minuciosa revisión, por contravenir a los intereses de algunos líderes de los partidos. El Plan B, como se le conoce a ese proyecto, consiste en reformas y modificaciones a la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
El proyecto contempla la reducción de los onerosos gastos de los organismos electorales y partidos políticos, pero también la prohibición de asignación de sueldos y dietas a funcionarios públicos, incluyendo a los consejeros y magistrados electorales. Un límite en las asignaciones a los Congresos Locales. La reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, según el número de habitantes de cada municipio, a fin de que no sean ni menos de 3 o un máximo de 15 regidores por cabildo, según sea el caso. Y modificación al mecanismo de Revocación de Mandato, para que sea en el tercero o cuarto año del mandato gubernamental.
De aprobarse las reformas y modificaciones mencionadas, habrá un ahorro de 4 mil millones de pesos, que se destinarían a bienes de entidades y municipios de todo el país. Sin embargo, usted amable lector, tendrá una mejor opinión delo aquí comentado.
¡Hasta la próxima!
