Federico Berrueto
No pudo ser más inoportuno para la presidenta Sheinbaum el homicidio del alcalde de Chilpancingo, el opositor Alejandro Arcos acontecido a menos de una semana de tomar posesión. Días antes fueron asesinados Ulises Hernández, y Francisco Gonzalo Tapia, el primero por tomar posesión como secretario de seguridad pública y el segundo ya como secretario del ayuntamiento. Este martes se presentará la estrategia de seguridad de los primeros 100 días. Lo ocurrido en Guerrero, como en otros estados pone de relieve la ausencia de Estado en muchos estados del país, en algunos por el enfrentamiento entre grupos criminales, en otros por la hegemonía o dominio de un grupo criminal dando paso a la Pax Narca.
Hay tres expresiones positivas en el programa de seguridad. Primero, que la presentación y coordinación esté en manos de un civil, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. Es imprescindible que la presidenta Sheinbaum empodere a su secretario y que convalide su afirmación de que el mando y la estrategia será esencialmente civil. A ello debe acompañarse el fortalecimiento de la Secretaría al depositarle el mando de los servicios de inteligencia criminal.
Segundo, privilegiar la coordinación interinstitucional, lo que para el gobierno federal tiene al menos cuatro expresiones: la FGR, las fiscalías o procuradurías de las entidades, los mandatarios locales con sus respectivos responsables de seguridad, incluyendo los municipales y el sistema carcelario nacional.
En la estrategia de seguridad los primeros 100 días se reconoce que la situación no es homogénea en las entidades del país y que en los lugares con mayor criminalidad merecen concentrar atención, tiempo y recursos singularmente. La estrategia iniciará en los municipios de Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún y Colima.
El reto es que recuperar a las policías y las fiscalías locales después de tantos años de abandono no será fácil ni rápido. Es un avance significativo reconocer que la solución debe construirse de manera compartida. Aspecto adicional para considerar son los términos en los que la sociedad se involucre y participe de una tarea que es de todos; la sociedad organizada, los medios de comunicación, las escuelas, universidades y sindicatos deben sumarse al empeño por un país más seguro y sin impunidad.
Tercero, encarar la realidad en sus justos términos sin minimizar problemas y la descomposición institucional, además del daño al tejido social, especialmente en las zonas de alta criminalidad. La complacencia ha hecho mucho daño. No es nueva, pero se acentuó en el pasado reciente a pesar de la militarización de la seguridad pública. La crisis de seguridad pública debe tratarse más allá de los números, casos como los de Chilpancingo exigen un trato cualitativo, al igual que la situación en Sinaloa.
Son muchas las autoridades en territorio a la defensiva, desmotivadas y temerosas. Tienen razón cuando desde la presidencia se había declarado una virtual tregua frente a los grupos criminales. En Guerrero la situación es sumamente crítica. Hacer del crimen un espectáculo macabro como ocurrió en Chilpancingo es propio de la delincuencia organizada a manera de intimidar a competidores y autoridades. Por tal consideración es fundamental para las autoridades federales abatir la impunidad y así convalidar su determinación de combatir al crimen, más en los casos ejemplares como es el del exalcalde de Culiacán Melesio Cuén o el del alcalde Alejandro Arcos de Chilpancingo y sus funcionarios. Los hechos deben ser puntualmente esclarecidos y llevar a la justicia penal hasta sus últimas consecuencias.
Guerrero merece atención prioritaria en materia de seguridad pública. La estrategia de los primeros 100 días así lo considera junto con Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Jalisco, además de Chiapas y Michoacán.
La iglesia católica con energía y claridad desde hace tiempo ha denunciado la deplorable por la inseguridad y la violencia. Por lo crítico de la situación y la urgencia de la respuesta es pertinente hablar de los primeros 100 días, para emprender acciones que desde ya que ofrezcan tranquilidad a las familias, ciudadanos y actividades productivas, así como acciones en el mediano y largo plazo para la recuperación del tejido social, fortalecimiento del sistema de justicia penal y la vigencia del Estado de derecho.
La impunidad en Guerrero, al igual que en Chiapas y otras partes ha permitido a grupos delictivos a actuar con toda libertad en el control de territorios, rutas y actividades económicas, así como influir en los gobiernos. Las ejecuciones de las dos autoridades municipales en la capital del Estado y un próximo funcionario son muestra. Sirva la estrategia del gobierno de la República sentar un precedente que sirva de mensaje a propios y extraños de que se quiere y puede hacer frente a quienes han ensangrentado el país. No se trata de declarar la guerra a nadie, simple y sencillamente se deben salvaguardar los derechos de las personas y las familias mediante el imperio de la ley y la eficacia de la justicia.
